Un referido anónimo fue presentado hoy ante las agencias pertinentes como la Oficina del Inspector General, el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Ética Gubernamental, la oficina del Contralor entre otras para realizar las investigaciones correspondientes en torno al publicista Carlos Bermúdez Urbina, a raíz de una serie de alegaciones divulgadas por el Centro de Periodismo Investigativo CPI en un artículo periodístico que plantea interrogantes sobre posibles actuaciones irregulares y eventuales posibles actos de corrupción.
La decisión de referir el caso procura que los señalamientos contenidos en la publicación sean examinados de manera independiente y rigurosa, y que las autoridades puedan determinar la veracidad, alcance y posibles implicaciones legales de los hechos alegados.
El artículo del CPI expone una serie de informaciones relacionadas con contratación gubernamental irregular, posible incumplimiento contributivo y otros elementos que han generado cuestionamientos que ameritan ser esclarecidos mediante una investigación formal.
Ante la naturaleza de las alegaciones publicadas, se ha solicitado a las autoridades correspondientes que examinen la documentación disponible, las contrataciones y transacciones señaladas, así como cualquier relación contractual, comercial o financiera que resulte pertinente para determinar si existieron irregularidades o violaciones a las disposiciones legales aplicables.
El referido busca, además, establecer si las actuaciones descritas por el CPI involucraron a otras personas, empresas o funcionarios y, de ser así, determinar el grado de participación que pudiera corresponder a cada una.
La remisión de estas alegaciones para investigación no constituye una determinación de responsabilidad ni una declaración de culpabilidad contra Carlos Bermúdez Urbina o cualquier otra persona mencionada. Los señalamientos publicados por el CPI deberán ser corroborados mediante evidencia y evaluados por las autoridades facultadas para ello, garantizando en todo momento el debido proceso y más importante, la no malversación de fondos públicos.
La determinación final sobre la existencia o inexistencia de conducta delictiva corresponderá exclusivamente a las autoridades investigadoras y, de proceder, a los tribunales competentes.
Este referido responde al principio de que toda alegación seria relacionada con el manejo de fondos públicos, contratación gubernamental o posibles conflictos de interés debe ser examinada con transparencia, independencia y rigor, independientemente de las personas involucradas.
Invitamos a corroborar la radicación del referido comunicándose con las entidades investigativas a las cuales se realizó el referido.
