La contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, presentó hoy ante funcionarios fiscalizadores internacionales una propuesta para transformar la manera en que su oficina supervisa el uso de fondos públicos, que incluye desde inteligencia artificial y análisis masivo de documentos hasta una revisión interna de la estructura de la propia Contraloría y medidas dirigidas a hacer más costo-efectiva su operación.
La funcionaria llevó la propuesta al 2.º Congreso Internacional de Control Gubernamental, celebrado en Argentina, donde participa del coloquio “El control gubernamental en América Latina: desafíos comunes, respuestas diferentes”, junto con representantes de Panamá, Honduras y Brasil, entre otros.
El planteamiento central de Vega Fournier supone mover gradualmente a la Oficina de la Contralora de un modelo concentrado principalmente en detectar irregularidades luego de ocurridas hacia otro que también utiliza información histórica, tecnología y análisis de datos para anticipar riesgos y prevenir incumplimientos.
Pero la Contralora sostuvo que esa transformación debe comenzar dentro de la propia institución. “No podemos exigirle al Gobierno y Municipios aquello que no estamos dispuestos a exigirnos a nosotros mismos. Si reclamamos controles internos robustos, cumplimiento con la ley, eficiencia, austeridad, transparencia y buen uso de los recursos públicos, tenemos que comenzar por nuestra propia casa. Para tener la autoridad moral de exigir, primero tenemos que dar el ejemplo”, expresó Vega Fournier.
La iniciativa presentada en Argentina lleva como eje el concepto “Mejores prácticas en el control gubernamental: Puerto Rico” y plantea preguntas sobre cómo fiscalizar mejor, utilizar tecnología para prevenir, preservar el conocimiento acumulado por la institución y transformar una Contraloría que reacciona ante los problemas en otra capaz de anticiparlos.
La lupa también apunta hacia adentro
Como parte de la reforma, Vega Fournier anunció una revisión de los procesos internos de la Contraloría que, según su oficina, abarca los controles internos, la distribución de funciones, las áreas de trabajo, métricas y los procedimientos administrativos y operacionales.
La intención dijo “es identificar duplicidades, redefinir responsabilidades y determinar dónde pueden lograrse economías sin afectar las funciones fiscalizadoras de la Oficina.”
La Contralora vinculó ese proceso con medidas de austeridad y disciplina fiscal.
“La austeridad no significa fiscalizar menos, al contrario, ser más costo efectivo. Significa administrar mejor para fiscalizar mejor. Cada dólar que utiliza la Oficina de la Contralora también pertenece al Pueblo y eso se tiene que cumplir”, sostuvo Vega, quien es la primera mujer contralora auditora y abogada de profesión.
“Hasta el momento proyectamos ahorrar sobre $2.5 millones de dólares en la Oficina mediante estas medidas, por ejemplo, con la economía que tendremos en el pago de renta ya que se compró una facilidad; el recorte de puestos de confianza y estrategias de recursos humanos y operacionales.”, apuntó la Contralora.
Mencionó algunas métricas específicas para medir el impacto de la reforma, “… Reducción del costo operacional anual de la Oficina, análisis de riesgos, eliminando duplicidades, reingeniería, renegociar servicios y digitalizar procesos.; Porcentaje de contratos registrados oportunamente; ahorro por digitalización; tiempo y costo promedio por consulta atendida, y productividad por empleado.
Esos asuntos serán importantes para determinar, una vez implementadas las iniciativas, si la transformación anunciada produce ahorros y mejoras operacionales cuantificables.
75 años de documentos convertidos en datos
Uno de los proyectos más ambiciosos consiste en aprovechar el enorme volumen de información acumulado por la Contraloría durante sus 75 años de existencia.
“La Oficina conserva auditorías, consultas legales, informes, legajos, hojas de trabajo, decisiones y el conocimiento generado por generaciones de auditores y abogados. La propuesta es convertir ese archivo institucional en un repositorio digital que pueda ser consultado para identificar antecedentes y patrones. En términos prácticos, un auditor podría preguntar cuáles han sido los hallazgos recurrentes relacionados con determinado tipo de contratación durante las últimas dos décadas o localizar rápidamente opiniones legales emitidas anteriormente sobre una situación similar. El repositorio propuesto incluiría auditorías, consultas legales, legajos, hojas de trabajo y otros documentos institucionales.”, detalló.
La apuesta representa un cambio significativo respecto al uso tradicional de los archivos: “no se trataría únicamente de conservar documentos, sino de convertirlos en una base de conocimiento susceptible de análisis.”
Inteligencia artificial entra en la ecuación
Para explotar ese volumen de información, Vega Fournier propone incorporar herramientas de inteligencia artificial.
La presentación utiliza como inspiración a Harvey, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada para apoyar trabajos jurídicos, y destaca funciones como analizar información, consultar documentos y procesar grandes cantidades de datos.
La Contralora, no obstante, hizo una distinción sobre el alcance que tendría esa tecnología.
“La inteligencia artificial no sustituye el juicio profesional. Lo potencia”, establece la presentación.
Contratos bajo análisis
Otro de los problemas identificados por la Contraloría está relacionado con el registro de contratos gubernamentales.
Las entidades gubernamentales y los municipios están obligados a registrar sus contratos en la Oficina de la Contralora luego de otorgarlos. Sin embargo, la propia presentación reconoce que la Oficina no recibe el 100% de esos contratos.
La respuesta propuesta es digitalizar y simplificar el proceso.
El modelo presentado contempla cinco pasos: seleccionar el tipo de contrato, utilizar un modelo con cláusulas requeridas, completar la información, firmar digitalmente y realizar el registro automático.
Con los contratos convertidos en información estructurada, la Oficina espera utilizar los datos para detectar patrones, excepciones y señales y decidir dónde debe profundizar una fiscalización.
El cambio podría llevar a que parte del trabajo de auditoría se concentre en transacciones identificadas mediante indicadores de riesgo, en lugar de depender exclusivamente de revisiones posteriores.
Una pregunta puede convertirse en una alerta
Otro componente presentado por Vega Fournier es SIPSOL, concebido para aprovechar las consultas que recibe la Oficina como fuente de información preventiva.
“De la pregunta al patrón. Del conocimiento a la educación. De la educación a la prevención”, establece el documento.
El concepto supone que, si numerosas agencias o municipios consultan reiteradamente sobre un mismo asunto, la Contraloría podría interpretar esa recurrencia como evidencia de un área que requiere orientación antes de que termine generando incumplimientos generalizados.
La propuesta se complementará con nuevas estrategias educativas y contenido digital dirigido a una generación de funcionarios que, según la presentación, consumen información de forma diferente.
¿Modelo para otros países?
Vega Fournier presentó las iniciativas puertorriqueñas como experiencias que podrían ser examinadas por otros organismos de fiscalización interesados en reformar sus estructuras.
El Congreso internacional, organizado por la Sindicatura General de la Nación de Argentina, precisamente reúne organismos de distintas jurisdicciones para discutir modelos de control, gestión de riesgos, integridad y nuevas tecnologías.
Por tanto, se van a firmar acuerdos de cooperación, proyectos piloto o adopciones concretas después del encuentro.
La propia Vega Fournier reconoció que las soluciones no pueden trasladarse automáticamente de una jurisdicción a otra.
“No pretendemos que exista una fórmula única para todos los países. Precisamente este Congreso reconoce que tenemos desafíos comunes y respuestas diferentes”, sostuvo.
La presentación concluye definiendo la aspiración de la administración de Vega Fournier cómo avanzar hacia “una Contraloría que aprende, anticipa y previene”, mediante cuatro componentes: tecnología con propósito, personas preparadas, procesos inteligentes y un gobierno más íntegro.
Vega Fournier resumió su filosofía de reforma en que la credibilidad del fiscalizador también depende de someter su propia operación a los estándares que exige el resto del aparato público.
“La transformación comienza con nosotros. Primero tenemos que dar el ejemplo en nuestra propia casa para tener la autoridad moral de exigir fuera de ella”, sostuvo.
