El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, informó hoy que la organización envió una carta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, en la cual solicita que se emita una orden administrativa para extender la vigencia de las licencias de armas de los ciudadanos que no han recibido su tarjeta por falta de impresoras y tinta en las comandancias de área.
Torres Meléndez detalló que, durante los pasados seis meses la organización ha recibido una cantidad sustancial de querellas de socios que sometieron sus solicitudes de renovación, duplicado o licencia nueva, con todos los documentos y pagos requeridos, y a quienes no se les entregó la tarjeta por esa razón. La situación se ha reportado en las comandancias de Bayamón, Caguas, Guayama y Mayagüez, entre otras. Aunque a los solicitantes se les indica que la tarjeta les llegaría por correo, ninguno de los casos atendidos por CODEPOLA la han recibido.
“Nuestros socios cumplieron con la ley, sometieron sus documentos y pagaron sus derechos. Lo que no puede ocurrir es que, por falta de una impresora o de tinta, un ciudadano quede expuesto a una multa o a una intervención por no tener su licencia en mano. Por eso le enviamos una carta al Superintendente y le solicitamos, muy respetuosamente, que emita una orden administrativa que extienda la vigencia de las licencias hasta que este problema se resuelva”, expresó Torres Meléndez.
La Ley 168-2019, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, dispone que una tarjeta renovada debe emitirse en un término de 15 días naturales y establece una multa de $500 por cada arma que se posea, porte o transporte con licencia vencida. Además, la persona con licencia vencida queda impedida de comprar armas y municiones.
El presidente de CODEPOLA recordó que el Artículo 2.04 de la ley ordena que los recaudos por licencias y multas se transfieran al Registro de Armas y se utilicen exclusivamente para la operación continua e ininterrumpida del proceso de expedición de licencias.
“Esa disposición la trabajamos precisamente para que la Oficina de Licencias de Armas tuviera los recursos necesarios y no pasaran cosas como esta. El dinero lo están pagando los propios ciudadanos. Confiamos en que el Superintendente atenderá esta situación con la prontitud que amerita y reiteramos nuestra disposición a reunirnos con él para aportar a la solución”, afirmó Torres Meléndez.
En la carta, CODEPOLA solicita, además, que se reconozca el recibo de pago y de radicación como evidencia de licencia vigente mientras se entrega la tarjeta, que se provea una certificación provisional a quienes tienen licencias nuevas aprobadas, que no se impongan multas cuando la demora sea atribuible a la agencia y que se agilice la implementación de la licencia digital que dispone la ley.
