La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) radicó un recurso de Amicus Curiae ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para expresarse sobre la controversia en torno a la validez de la carta de extensión al contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución otorgado a LUMA Energy. Mediante este escrito, la entidad busca aportar su perspectiva sobre el impacto macroeconómico que genera este asunto judicial en momentos en que la estabilidad de la red eléctrica es vital para el desarrollo de Puerto Rico.
Según la principal oficial ejecutiva de los Industriales, Lcda. Karen Mojica Franceschi, “es importante precisar que esta gestión no constituye una demanda contra ninguna de las partes ni convierte a la Asociación en un litigante del proceso. La figura de Amicus Curiae, o “Amigos de la Corte”, es un mecanismo del ordenamiento legal mediante el cual una institución ajena al pleito judicial presenta un análisis experto y un contexto especializado ante el Tribunal en asuntos de alto interés público y económico”.
Aunque la manufactura aporta el 45 % del Producto Interno Bruto y depende críticamente del servicio eléctrico para mantener la continuidad operacional de sectores regulados como la biotecnología, la farmacéutica y los dispositivos médicos, la postura de la organización trasciende el desempeño de un operador en particular.
La Asociación enfatiza que la controversia no versa sobre fallas en el rendimiento o incumplimiento de métricas clave por parte del operador, sino sobre un tecnicismo de forma planteado por la propia parte gubernamental contratante. En ese sentido y según el escrito, si el propio Gobierno firmó la extensión y el inversionista privado actuó de buena fe realizando inversiones sustanciales de capital, cuestionar ahora dicha validez atenta contra la doctrina de actos propios y el principio constitucional, el cual establece que los acuerdos válidamente pactados deben cumplirse y honrarse en sus propios términos.
“El propósito fundamental de la comparecencia es defender la seguridad jurídica y el respeto a la contratación gubernamental al amparo de las Leyes 29-2009 y 120-2018”, afirmó Mojica Franceschi.
En su análisis ante el Foro Máximo, la Asociación advirtió sobre los severos riesgos sistémicos que provocaría la invalidación de este acuerdo contractual. “Una decisión adversa erosionaría la credibilidad internacional de la Isla al enviar el mensaje de que los compromisos gubernamentales pueden alterarse retroactivamente. Esto amenazaría proyectos futuros de infraestructura bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) en áreas clave como carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua, vivienda, telecomunicaciones y energía, además de arriesgar las cadenas de suministro industriales por una transición abrupta en la red”, sostuvo Mojica Franceschi.
La ejecutiva añadió que, independientemente de quién opere el sistema eléctrico, el sector manufacturero requiere estabilidad institucional, certeza contractual y continuidad operacional para mantener su competitividad global. Destacó, además, que el modelo de APP constituye un instrumento indispensable para el desarrollo económico de Puerto Rico y para la viabilidad de las empresas que compiten en el mercado internacional.
