La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) denunció hoy que los hogares tienen que asumir los costos del traslado de adultos mayores fallecidos, mientras aumentan los atrasos en los pagos por los residentes vivos que permanecen bajo su cuidado. Ante esta contradicción, exigió al Departamento de la Familia agilizar los pagos pendientes, corregir las deficiencias administrativas y establecer quién debe cubrir los gastos de traslado que no están contemplados en los contratos, para evitar que las instituciones continúen absorbiendo costos que comprometen su estabilidad económica.
El presidente de FICPRO, Jonathan Morales Adorno, advirtió que las instituciones enfrentan dificultades para dar de baja oportunamente en Íntegra PR a los adultos mayores fallecidos, debido a que se les solicita documentación como certificados de defunción para completar el proceso. A esto se suma que los hogares pueden terminar pagando entre $300 y $800 por el acarreo y traslado de fallecidos, particularmente cuando deben ser transportados al Instituto de Ciencias Forenses, pese a que este gasto no está contemplado en los contratos con el Departamento de la Familia.
“Estoy enviando correos electrónicos a la Secretaria de la Familia desde el 23 de septiembre pidiendo una reunión para atender varios asuntos pendientes. Entre ellos está que ahora se está solicitando un certificado de defunción para dar de baja en la plataforma de pago a un adulto mayor que ya falleció, pero eso se ha vuelto bien complicado para las instituciones y se continúa pagando por adultos mayores fallecidos. Es un tema que se debe trabajar con urgencia, pero no se han contestado los correos electrónicos”, reclamó Morales Adorno.
El presidente de FICPRO recordó que la Secretaria de la Familia había asegurado semanas atrás que “pondría la casa en orden”, pero reclamó que persistan problemas administrativos que afectan a los hogares que ofrecen servicios esenciales a los adultos mayores.
“Si el sistema no permite identificar y dar de baja oportunamente a una persona fallecida, mientras los hogares tienen que enfrentar procesos cada vez más complicados para corregir la información, estamos ante un problema administrativo que requiere atención inmediata. No se puede hablar de poner la casa en orden mientras estos problemas continúan sin respuesta”, sostuvo.
FICPRO advirtió que los costos de traslado se suman a los aumentos en energía eléctrica, alimentos, nómina y otros gastos operacionales. A esta presión se añade la contradicción de que, mientras el Departamento de la Familia continúa realizando pagos relacionados con adultos mayores fallecidos, aumentan los atrasos por los residentes vivos.
Según Morales Adorno, esta situación agrava el desbalance económico de los hogares, que deben cubrir nómina, alimentos, medicamentos, servicios básicos y atención diaria, aun cuando no reciben a tiempo los pagos correspondientes por los servicios que ofrecen.
El presidente de FICPRO cuestionó que el Gobierno continúe tratando a los hogares de cuido prolongado simplemente como “empresas privadas”, sin reconocer que muchas de estas instituciones forman parte del tercer sector y son fundamentales para que el Estado pueda garantizar servicios de cuido a una población vulnerable.
“El Gobierno no puede tratar al tercer sector como si fuera simplemente un proveedor más. Estas instituciones sostienen los servicios que el Estado necesita para atender a nuestros adultos mayores. Si el Departamento de la Familia depende de estos hogares para brindar esos servicios, tiene que tratarlos con respeto, sensibilidad y compromiso, y reconocer los costos reales de mantenerlos operando”, destacó.
El presidente de FICPRO criticó duramente que los hogares tengan que utilizar recursos destinados al cuidado de los residentes para cubrir gastos que no forman parte de sus acuerdos contractuales.
“No puede ser que el hogar tenga que demostrar que una persona falleció, enfrentar dificultades para sacarla del sistema de pagos y, encima, terminar pagando el traslado. El Gobierno tiene que corregir este problema y dejar de trasladar sus deficiencias administrativas y económicas a las instituciones”, declaró Morales Adorno.
FICPRO exigió al Departamento de la Familia establecer un protocolo uniforme e inmediato para dar de baja a las personas fallecidas en Íntegra PR, corregir cualquier pago relacionado con estos casos y determinar claramente quién debe asumir los costos de traslado.
La organización también reclamó revisar los contratos y la relación administrativa con las instituciones del tercer sector para evitar que los hogares continúen absorbiendo gastos que no fueron contemplados en los acuerdos con el Gobierno.
“Los hogares no pueden seguir financiando las deficiencias del sistema. Si el Gobierno necesita de estas instituciones para cumplir con su responsabilidad de proteger a los adultos mayores, tiene que reconocer su valor, respetar su trabajo y garantizar procesos administrativos que funcionen. Las instituciones necesitan respuestas, acción y un trato acorde con la responsabilidad que asumen todos los días”, concluyó Morales Adorno.
