La senadora del Distrito de San Juan, Nitza Morán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado, reclamó que la implementación de la legislación que prohíbe determinados plásticos de un solo uso esté respaldada por datos verificables, coordinación gubernamental y alternativas viables para los comerciantes, luego de que una investigación legislativa identificara información insuficiente para medir su efectividad y los beneficios ambientales de los productos sustitutos.
La Comisión presentó el pasado 9 de octubre el informe final de la Resolución del Senado 448, de la autoría de Morán Trinidad, mediante la cual evaluó la implementación, fiscalización y cumplimiento de las leyes 51-2022 y 47-2025. La investigación recogió planteamientos de agencias gubernamentales y representantes de los sectores comercial, industrial y ambiental sobre los retos de esta política pública.
“Reducir los plásticos de un solo uso es un objetivo que merece atención y acciones concretas. Para alcanzarlo, necesitamos conocer qué resultados está produciendo la legislación, cuáles alternativas ofrecen beneficios ambientales y qué condiciones necesitan nuestros comerciantes para cumplir. La política pública tiene que estar respaldada por evidencia y por una implementación que permita alcanzar sus objetivos”, expresó Morán.
Entre sus conclusiones, la Comisión señaló que el Gobierno no cuenta con información suficiente para certificar que las alternativas a los plásticos de un solo uso generan los beneficios ambientales esperados ni para medir adecuadamente la efectividad de la legislación. El informe identifica la necesidad de contar con datos verificables sobre sus resultados, los mecanismos de fiscalización y los retos que enfrentan los sectores involucrados.
La Ley 51-2022, según enmendada, prohíbe el expendio y la utilización de determinados productos plásticos de un solo uso en establecimientos comerciales. Posteriormente, la Ley 47-2025 estableció una moratoria sobre las prohibiciones y penalidades hasta el 31 de diciembre de 2026 y creó un Comité de Trabajo Multisectorial, presidido por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), para evaluar su implementación y recomendar posibles ajustes.
“Ante el vencimiento de la moratoria, es necesario que las agencias puedan precisar los asuntos pendientes, las recomendaciones del comité y las condiciones para una implementación efectiva. Los pequeños y medianos comerciantes necesitan claridad para planificar sus compras, evaluar sus costos y realizar los ajustes que correspondan”, sostuvo la senadora de la Capital.
Como parte de la investigación, la Comisión solicitó memoriales explicativos al DACO, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). También examinó las gestiones del Comité de Trabajo Multisectorial y el cumplimiento de las responsabilidades que le fueron delegadas.
En su memorial, el DACO informó que había iniciado las gestiones para conformar el comité y recopilar recomendaciones de los sectores representados. No obstante, al momento de someter esa comunicación, el informe del organismo todavía se encontraba en preparación.
Por su parte, el DRNA reconoció la importancia de reducir los plásticos de un solo uso para proteger los recursos naturales y recomendó profundizar en la evaluación de la educación ciudadana, la disponibilidad y viabilidad económica de los productos sustitutos, el impacto ambiental cuantificable y la coordinación entre agencias. También planteó la necesidad de examinar los retos operacionales, técnicos y presupuestarios asociados con el cumplimiento de la ley.
La Comisión recibió, además, memoriales de Costco Wholesale, Top Traders Inc., 3LP Inc., Professional Market Research Inc., la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, CAMBIO, el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos e IFCO Recycling Inc.
Entre los planteamientos recibidos figuraron el costo de los productos sustitutos, la dependencia de materiales importados, la disponibilidad de alternativas y las dificultades económicas que enfrentan los pequeños y medianos comercios para realizar la transición. Varias organizaciones también señalaron la falta de datos públicos para determinar el impacto ambiental de la legislación.
Las recomendaciones incluyeron conceder más tiempo para la transición, evaluar incentivos para productos compostables certificados, fortalecer la infraestructura para manejar materiales alternativos y establecer disposiciones reglamentarias más específicas. Asimismo, se propuso realizar estudios sobre los efectos de la legislación e incorporar representantes de la industria del reciclaje a los procesos de evaluación.
“La protección ambiental y el desarrollo económico requieren decisiones bien fundamentadas. Este informe identifica información que hace falta y preocupaciones que deben atenderse. Corresponde utilizar esos hallazgos para evaluar los ajustes legislativos o administrativos necesarios y procurar que las exigencias de la ley se traduzcan en resultados ambientales que puedan medirse”, puntualizó Morán.
