El presidente de la Organización de Abogados Populares (OAP), el licenciado Abner Otero Rosario, expresó el rechazo por parte de los componentes de la organización al Proyecto del Senado 1096, el cual propone la nueva Ley del Poder Judicial en Puerto Rico. Otero Rosario catalogó el intento de convertir en ley el proyecto por parte de la Asamblea Legislativa como “un diseño deliberado para despojar al juez presidente de su facultades constitucionales y transferirlas al pleno del Tribunal Supremo”. Mientras hizo un llamado a la gobernadora Jenniffer González a vetar el proyecto.
Fue mediante un memorial explicativo en el cual el líder de los abogados y abogadas populares expresó el rechazo al proyecto. “El convertir en Ley el Proyecto del Senado 1096 impacta negativamente la independencia judicial mientras plantea objeciones constitucionales. Ante este escenario levantamos nuestra voz a través de unas enmiendas sugeridas al proyecto las cuales fueron ignoradas por la Asamblea Legislativa”, denunció Otero Rosario. “Ahora nuestro llamado es a la gobernadora Jenniffer González para que no apruebe el proyecto que va rumbo a La Fortaleza”.
Entre las enmiendas sometidas se encontraban eliminar las disposiciones que restan poder al juez presidente, permitir que un juez renominado continúe en funciones hasta que el Senado actúe. Las enmiendas también incluyeron conservar los jueces municipales y las salas especializadas para menores y asignar presupuesto para los nuevos deberes impuestos.
Otero Rosario, advirtió que la alteración de la distribución de facultades de la Rama Judicial que persigue el proyecto no puede imponerse mediante legislación ordinaria. “Si la intención es cambiar el diseño de 1952, el único proceso legítimo es someter una enmienda constitucional para que sea ratificada por el pueblo. En lugar de legislar desde conclusiones predeterminadas, la organización propone convocar un proceso de evaluación riguroso y en conjunto entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial a través de la Conferencia Judicial. Este proceso debe incluir a jueces, empleados, Escuelas de Derecho, organizaciones de servicios legales y líderes comunitarios para fundamentar cualquier cambio organizativo o fiscal con datos reales”.
Según se desprende del proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa se derogaría la Ley de la Judicatura de 2003 y establecería una estructura judicial compuesta por los 11 integrantes del Tribunal Supremo, un Tribunal de Apelaciones con 39 jueces y un Tribunal de Primera Instancia con 338 jueces superiores. La propuesta de la Asamblea Legislativa recibió la oposición de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, del director ejecutivo de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, entre otros grupos.
