La Comisión de Gobierno del Senado, que preside el senador Ángel Toledo López, evaluó hoy los planes de contingencia del Gobierno ante una posible reducción de los fondos federales de Medicaid en 2027, donde el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, aseguró que no se contempla reducir la cubierta ni excluir beneficiarios del Plan Vital.
La vista pública forma parte de la investigación que ordena la Resolución del Senado 45 sobre la situación económica y social de Puerto Rico. El llamado Medicaid cliff es el vencimiento, el 1 de octubre de 2027, del acuerdo que elevó al 76% la aportación federal al plan de salud; sin acción del Congreso, esa aportación regresaría al 55%.
“Si al culminar el acuerdo con el gobierno federal regresamos al 55%, la cantidad de dinero que se nos asignaría sería sustancialmente menor a lo que reciben los estados y a lo que Puerto Rico necesita para subvencionar su plan médico”, afirmó Toledo López.
Por su parte, el secretario de Salud, en su ponencia conjunta al director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), licenciado Carlos Santiago Rosario, expresó que, “frente al escenario del Medicaid Cliff, el Programa Medicaid de Puerto Rico (PRMP) del Departamento de Salud y la ASES no contemplan como alternativa la reducción de cubierta o la exclusión de beneficiarios del Plan Vital”.
El secretario explicó que la estrategia del Gobierno es lograr que el Congreso apruebe una solución legislativa antes de esa fecha. De lo contrario, advirtió, Puerto Rico regresaría a “topes estatutarios base significativamente reducidos e insuficientes”.
“Esto crearía un déficit presupuestario masivo que pondría en riesgo inmediato la continuidad de la cubierta médica para 1.3 millones de beneficiarios, incluyendo niños, adultos mayores, personas con diversidad funcional y familias de bajos ingresos”, sostuvo.
Entre las peticiones al Congreso, Ramos Otero mencionó eliminar el tope anual de asignación para que Puerto Rico reciba fondos según sus necesidades reales, como ocurre en los estados. También mencionó calcular la aportación federal con la misma fórmula que se usa para las jurisdicciones estatales. El Gobierno solicitó, además, incluir a Puerto Rico en los programas Disproportionate Share Hospital y Medicare Savings Program, y financiar los servicios de cuidado a largo plazo o, en su defecto, autorizar un programa piloto regional.
Si el Congreso mantiene un tope, el Gobierno pidió que sea de al menos $4,200 millones anuales, ajustado por inflación y crecimiento poblacional. Esa es la cantidad que Puerto Rico recibe en el año fiscal 2027. Según Ramos Otero, la petición busca “evitar el colapso operativo del Plan Vital”.
A preguntas de la senadora María De Lourdes Santiago Negrón, el doctor Ramos Otero explicó que el propósito de ir con pocas peticiones al Congreso responde a la necesidad de que el Grupo de Trabajo Multisectorial creado por la Orden Ejecutiva 2026-006, que firmó la gobernadora el 5 de febrero de 2026, vaya a Washington D.C. enfocado en conseguir esas metas específicas. Cabe resaltar que, ambos funcionarios forman parte de este comité.
Como argumento ante el Congreso, el secretario destacó que la tasa de errores de pago de Medicaid en Puerto Rico es de 2.51%, frente a un promedio nacional de 5.09%.
“Es nuestra prioridad centrar esfuerzos en demostrar ante el Congreso federal el progreso de Puerto Rico en el fortalecimiento del Programa Medicaid y evidenciar que nuestra jurisdicción es acreedora de igual trato que las otras jurisdicciones de los Estados Unidos”, afirmó.
El director ejecutivo de ASES, Carlos A. Santiago Rosario, presentó las proyecciones del programa. De activarse el cliff, el Plan Vital enfrentaría un déficit de $3,300 millones en el año fiscal federal 2028, y entre 860,000 y un millón de beneficiarios podrían perder su cubierta.
