El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Lcdo. Norberto Negrón Díaz, recomendó este martes una serie de medidas para trabajar con circunstancias de emergencias marítimas con el propósito de evitar sucesos como el impacto del buque Silver Valerie con la barcaza El Conquistador, el pasado 20 de octubre en la Bahía de San Juan.
En vista pública de la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos, presidida por el representante José Aponte Hernández, el funcionario narró el incidente en el que la embarcación Silver Valerie fue arrastrada por los vientos hacia el terminal Crowley debido a que, alegadamente el ancla no logró sujetarse al fondo del mar, por la fuerza del viento o de la corriente, concepto conocido como “garreo”.
Negrón Díaz indicó que, aunque se solicitó la asistencia de un remolcador, mediante una comunicación del agente naviero de la embarcación, no llegó a tiempo para evitar el incidente, del cual según el funcionario “no reportaron daños ni lesiones a personas”.
En la actualidad, la evaluación está siendo realizada por la Guardia Costanera.
El director de Puertos recomendó enmiendas administrativas y legislativas para establecer iniciativas tales como un servicio de remolque de respuesta inmediata, mecanismo que sería activado por conducto del Vigía Marino o del supervisor de turno del Negociado Marítimo. Esto “cuando un buque se encuentre en una situación de riesgo inminente y su capitán o agente no haya obtenido la asistencia con la prontitud necesaria”.
Al momento, la Autoridad de los Puertos no tiene la facultad de hacer gestiones para ordenar la movilización de un remolcador, sino que tiene que solicitarse a través de un agente marítimo que representa a la compañía de la embarcación.
“El mecanismo se complementaría con acuerdos con las compañías de remolcadores que operan en la bahía, para asegurar la disponibilidad de una unidad de respuesta en todo momento, y con una disposición que permita recobrar del buque asistido el costo razonable del servicio”, dijo el deponente.
Con esta medida se “eliminaría la dependencia de una cadena de comunicaciones que, como ocurrió el 20 de octubre, puede tomar más tiempo del que la emergencia permite”. “Para darle una base legal firme, proponemos que se enmiende la Ley 151 de 1968”, con el cual se establecería el lenguaje a esos efectos, según Negrón Díaz.
Asimismo, propuso, que se disponga a dar continuidad y disponibilidad del servicio de practicaje ante situaciones de emergencia “que no dependería de la hora en que ocurra la emergencia”, el que estaría determinado por la Comisión de Practicaje.
De igual forma, sugirió se establezca una norma que disponga un plazo máximo de respuesta para el abordaje de un buque en situación de emergencia por parte de un práctico, así como la obligación de que la oficina de despacho de los prácticos notifique inmediatamente al Vigía Marino toda solicitud de auxilio recibida.
También solicitó que exista un protocolo unificado de respuesta a emergencias, simulacros conjuntos, un aumento de las multas administrativas por incidente y el fortalecimiento de los contratos de arrendamiento y concesión en los muelles que “proveerían a la Autoridad herramientas adicionales para exigir la seguridad de las operaciones en sus instalaciones”.
Mientras, el presidente de la San Juan Bay Pilots, Ray Díaz, también presentó sus recomendaciones, a los efectos de que haya “un mecanismo permanente de coordinación entre la Autoridad de los Puertos, Guardia Costera, prácticos, operadores de terminales, agencias y compañías de remolcadores con seguimiento de incidentes, ejercicios y medidas correctivas”.
También reclamó que se ponga en efecto un protocolo de emergencia para evitar incidentes como el discutido.
“Los Prácticos de la Bahía de San Juan reiteramos nuestra disposición a aportar conocimiento, documentación y experiencia operacional a esta comisión ya las agencias concernidas. Los prácticos están con Puerto Rico y por Puerto Rico. Continuaremos haciendo lo que hacemos todos los días, contribuir a mantener abierto y seguro el puerto que sostiene la vida y la economía de nuestra Isla”, añadió Díaz.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el representante Aponte Hernández se mostró en disposición de servir como mediador y “trabajar en conjunto para proveer la mayor transparencia y seguridad a lo que es el trabajo en la Bahía de San Juan”, al ser este puerto el que recibe el 70 por ciento de la carga para abastecer las necesidades de los puertorriqueños.
En esta audiencia también participaron los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y Lourdes Ramos Rivera.
