La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado, que lidera el vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, celebró hoy su quinta vista pública sobre la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para manejar y cumplir con los requisitos de los fondos federales que recibe.
La investigación surge de la Resolución del Senado 429, de la autoría de Ríos Santiago, que ordena examinar la capacidad administrativa, técnica y fiscal del Gobierno para manejar esos fondos, incluidos los que se otorgan mediante avisos de oportunidad de financiamiento (Notice of Funding Opportunity, NOFO), y fiscalizarlos desde que se otorgan hasta su impacto real en los servicios a la ciudadanía.
“Esta no es una investigación de adjudicación de culpa, sino de colaboración, que es lo que hemos tratado de hacer en todas las vistas. De aquí va a haber un informe que nos va a dar una hoja de ruta y, con los cambios que ha habido últimamente en los asuntos congresionales, nos da una posibilidad de poderlos ayudar. Si hay algo que arreglar, este es el momento de hacerlo”, afirmó Ríos Santiago al inicio de la vista.
El presidente de la Comisión advirtió que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no ha comparecido a las vistas a las que ha sido citado. “No lo vamos a excusar. Yo creo que Carreteras es muy importante y es justo y necesario que, si él puede ir a las vistas de la Cámara de Representantes, el Senado también tiene que tener algún espacio”, expresó.
La directora ejecutiva de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), María L. Marín Colón, explicó que la entidad es el recipiente de los fondos de recuperación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y actúa como intermediaria que canaliza las subadjudicaciones hacia municipios, agencias y entidades sin fines de lucro. Son esos subrecipientes quienes planifican, contratan y ejecutan las obras, mientras COR3 coordina, brinda asistencia técnica y supervisa el cumplimiento. Los programas de Asistencia Pública (AP) y de Mitigación de Riesgos (HMGP) son las dos principales fuentes de fondos que administra.
“Los municipios, agencias gubernamentales y demás entidades elegibles que reciben las subadjudicaciones son quienes, ordinariamente, planifican, contratan, ejecutan y documentan los proyectos para los cuales se autoriza la asistencia federal”, expuso Marín Colón.
La directora ejecutiva de COR3 aclaró que esa función no le da a COR3 autoridad general para administrar o fiscalizar todos los fondos federales del Gobierno. “No procede presumir que la totalidad de los fondos que COR3 administra son otorgados mediante convocatorias competitivas de NOFO”, indicó.
A preguntas de la senadora Roxanna Soto Aguilú, Marín Colón aseguró que, hasta el momento, la entidad no ha perdido fondos de desastres. Explicó que, cuando un proyecto que no ha comenzado o que está en sus primeras etapas llega a su fecha límite, COR3 solicita una extensión. En los casos en que FEMA entiende que el proyecto está en una etapa avanzada de planificación, es la propia agencia federal la que extiende los términos.
Por su parte, en representación del Departamento de Educación (DE), la directora de la Oficina de Política Pública, licenciada Saraí Ruiz Maisonet, reconoció que la implementación de su nuevo sistema financiero, conocido como Enterprise Resource Planning (ERP), ha provocado demoras en el procesamiento de transacciones y en la emisión de facturas, lo que ha afectado procesos relacionados con los fondos federales. La directora de la Oficina de Política Pública advirtió que esos atrasos pueden repercutir en la ejecución presupuestaria y en la capacidad de usar los fondos dentro de los periodos que fijan las agencias federales, aunque sostuvo que no constituyen, por sí solos, evidencia de uso indebido.
“Los retrasos administrativos no constituyen, por sí solos, evidencia de uso indebido de fondos federales, aunque pueden generar riesgos de cumplimiento que requieren seguimiento y atención oportuna”, afirmó Ruiz Maisonet.
El director de la Oficina de Asuntos Federales (OAF) del DE, Edgar Delgado Serrano, detalló que esa oficina usa un Sistema de Intervención Temprana, establecido como parte del Acuerdo de Cumplimiento de 2004 con el Departamento de Educación federal, para evaluar mensualmente cada plan de trabajo financiado con estos fondos. También informó que, por una condición impuesta por la agencia federal, un agente fiduciario externo revisa las transacciones de ciertos fondos, y que esa función pasará a la Oficina de Cumplimiento del DE cuando el síndico concluya sus funciones a inicios de 2027.
Delgado Serrano explicó que el propósito del Sistema de Intervención Temprana es “monitorear la implementación de los planes de trabajo financiados con fondos federales administrados por la OAF, evaluar la utilización de los presupuestos aprobados e identificar oportunamente situaciones que requieran asistencia técnica o ajustes presupuestarios”.
Por último, sobre los informes semanales de fondos NOFO que autoriza la Resolución, Ruiz Maisonet recomendó sustituirlos por informes consolidados periódicos, acompañados de notificaciones cuando surjan nuevas adjudicaciones, cambios sustanciales o determinaciones federales importantes. “La recomendación anterior no pretende limitar las facultades investigativas del Senado, sino promover que su ejercicio se armonice con las responsabilidades operacionales y regulatorias de las entidades receptoras”, aclaró.
