El junte multisectorial contra los aumentos a la factura de luz advirtió sobre las posibles consecuencias nefastas de la decisión emitida la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos relacionada con el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.
El grupo, compuesto de organizaciones comerciales, religiosas, cooperativistas, titulares de condominios, sindicales, ambientales, comunitarias, educativas, culturales, profesionales y de trabajadores y pensionados enfatizaron que el pueblo no puede costear más aumentos a la luz para pagarle a los bonistas dado las condiciones actuales de la economía del país y las condiciones del sistema eléctrico.
“La jueza recibió cientos de testimonios de ciudadanos, personas jubiladas, personas cuya salud depende de equipo médico, trabajadores, comerciantes y muchos otros que coinciden que no es posible soportar más aumentos en la tarifa de un sistema eléctrico que no sirve,” planteó la Lcda. Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos. “La decisión del Primer Circuito es preocupante, porque no toma en consideración la situación actual de la AEE, y al no hacerlo abre la puerta a comprometer a todos los consumidores a un pago a los bonistas que resulte insostenible y mayor aún del que propuso la Junta de Control Fiscal”, añadió.
La decisión del tribunal apelativo apoyó parcialmente el argumento de un grupo de bonistas de la AEE quienes plantearon que tienen un reclamo de $8.5 mil millones de la AEE, no solamente los $2.388 mil millones que la jueza determinó el año pasado. No obstante, el tribunal también dijo que los bonistas no necesariamente van a recibir esa cantidad, sino que solo tienen derecho a los ingresos netos futuros de la AEE, y le dejaron a la jueza Swain estimar la magnitud de esta cantidad. Aunque la AEE puede generar ingresos nuevos aumentando la tarifa, no puede hacer esto sin límite porque los nuevos aumentos también provocarán menos ventas de electricidad a través de cierres de negocios, migración fuera de la isla o instalaciones de sistemas fotovoltaicos.
“Ahora está en las manos de la jueza Swain determinar si es viable para el sistema eléctrico generar ingresos adicionales a través de más aumentos en la tarifa para pagarle a los bonistas,” explicó Edna Diaz, vicepresidenta del Centro Unido de Detallistas. “No es viable para nosotros costear más aumentos en la factura para pagarle a los bonistas mientras el sistema eléctrico sigue empeorando. Ya nuestros pequeños comerciantes estamos sufriendo los apagones constantes y las pérdidas económicas que conllevan”,insistió.
De igual forma, Juan Rosario, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE planteó que cada dólar que se paga a los bonistas es un dólar que no se está invirtiendo en la rehabilitación del sistema eléctrico.
“No va a haber dinero que sobra si tomamos en consideración las inversiones urgentemente necesarias para restablecer una red eléctrica confiable. Los bonistas que están insistiendo en que se les paguen $8.5 mil millones están completamente desvinculados de la realidad diaria del pueblo de Puerto Rico”, destacó Rosario.
En el caso de los residentes de condominios, la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, la Lcda. Marimar Perez-Riera señaló el impacto de más aumentos a la luz en este sector.
“Los titulares de condominios son quienes van a sufrir el doble impacto de esta decisión, pagando, no solamente un aumento para su consumo individual, sino también uno para los gastos operacionales del condominio. Además, lamentablemente muy pocos de los titulares tienen la opción de instalar sistemas fotovoltáicos para mitigar el impacto de aumentos a la luz, así quedando secuestrados al costo impuesto por LUMA,” puntualizó.
La jueza Swain programó una conferencia judicial para el 10 de julio en donde las partes van a conversar las implicaciones de la decisión para el Plan de Ajuste de la Deuda AEE que está actualmente frente a la jueza. Este plan de ajuste propone aumentar la tarifa durante los próximos 35 años para pagar $2.5 mil millones en deuda de la corporación pública.
