El alcalde de Cidra, Delvis Pagán Clavijo, expresó hoy su rechazo a la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de eliminar a su municipio de la lista de beneficiarios del llamado programa de rescate financiero cuya asignación se redujo de $35 millones a $24 millones por disposición del organismo federal.
“Cidra no debe quedar fuera de esta asignación por una apreciación momentánea y subjetiva de necesidad. La postura de la Junta, que argumenta que ciertos municipios ‘tal vez no tienen la urgencia de forma inmediata’, no puede ser excusa para marginar a pueblos como el nuestro”, puntualizó el ejecutivo municipal.
La semana pasada, la JSF notificó al gobierno central que ya no serán 45 los municipios incluidos en la distribución del fondo especial, sino 37. Los municipios eliminados son Añasco, Barceloneta, Canóvanas, Cidra, Las Piedras, Río Grande, Santa Isabel y Trujillo Alto.
Pagán Clavijo advirtió que, si bien Cidra no enfrenta una crisis inminente, sus necesidades operacionales y sociales son reales y no deben seguir postergándose. “La urgencia puede no ser evidente hoy, pero es previsible en el corto plazo, como lo reconoce el propio portavoz al mencionar que en dos, tres o cuatro semanas la necesidad podría ser apremiante”, sostuvo.
También denunció la falta de seguimiento respecto al fondo de emergencia estimado en casi $6 millones, del cual el municipio solo ha recibido $100,000. “Con ese adelanto, apenas pudimos ejecutar dos proyectos. Hay doce iniciativas más en espera y han pasado dos meses sin que tengamos respuesta o novedades”, reclamó.
Pagán señaló, además, que la Junta no modificó los criterios de elegibilidad, sino que redujo arbitrariamente el número de municipios beneficiarios. “Esto significa que, bajo los mismos parámetros iniciales, Cidra hubiera calificado. En vez de excluir comunidades, lo justo sería adoptar un criterio más inclusivo y realista que reconozca el dinamismo de las necesidades municipales”, dijo.
El alcalde exhortó al ente federal a que reconsiderara las asignaciones y se actúe con visión a largo plazo. “No pedimos trato preferencial, pedimos justicia. Lo que está en juego son servicios esenciales y la estabilidad de nuestras comunidades”, subrayó.
