El Comité Timón de Alguaciles de la Rama Judicial de Puerto Rico reclamó al gobernador Pedro R. Pierluisi que convierta en ley una medida ya aprobada por la Legislatura, el proyecto de la Cámara 504, de la autoría del representante Orlando Aponte Rosario, que beneficiaría a los alguaciles en relación a su retiro.
El alguacil Celso Alfredo Fuentes Díaz, portavoz, señaló que “esta medida enmienda la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, que creó el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de incluir en la definición de ‘Servidores Públicos de Alto Riesgo’ a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico”.
“También dispone que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años y 30 años de servicio. El retiro será obligatorio a partir de la fecha en que el participante alcance, tanto los 30 años de servicio y los cincuenta 58 años”, agregó.
La entidad cuenta con el coronel Arnaldo Claudio, exmonitor de la Policía, como asesor legal.
Fuentes Díaz recordó que el pasado 4 de febrero el representante Aponte Rosario sometió en la medida, a manera de excepción, que la autoridad nominadora correspondiente podrá conceder una dispensa y autorizarle a prestar servicio a los alguaciles hasta que cumplan los 62 años mediante la otorgación de dispensas, siempre y cuando no comprometan la salud y seguridad de los denominados ‘Servicios Públicos de Alto Riesgo’ ni de la ciudadanía en general.
El 5 de octubre de 2021 fue aprobado por la Cámara de Representantes unánimemente.
En el Senado aprobó la medida el 22 de febrero de 2022 también unánimemente, pero lo refiere a la Cámara con dos enmiendas.
La Cámara concurrió el 21 de marzo de 2022 y la aprueba nuevamente de forma unánime.
Ya con la firma de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, el 504 fue hacia La Fortaleza para la firma del gobernador y para que la medida fuera convertida en Ley.
El 5 de abril pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó que no se opone al propósito del proyecto, pero solicitó que no sea sea firmado por el gobernador hasta que previamente se identifiquen los fondos para costearlo.
“Ante este escenario, el Comité Timón continúa trabajando activamente junto al exmonitor de la policía, coronel Arnaldo Claudio, y el 6 de abril de 2022 sostuvimos una reunión con el equipo de trabajo de la comisionada residente en Washington Jenniffer González Colón la cual entendemos redundará en buenos resultados”, declaró.
Consignó que según un estudio actuarial que solicitó la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes a la Administración de los Sistemas de Retiro se informó que el impacto presupuestario se estimó en 17.5 millones.
“Esto a nuestro entender, sería si la totalidad de los alguaciles de la Rama Judicial (un total de 740 aproximadamente) decidieran acogerse al mismo, pero ciertamente en los primeros cinco años de la implementación del proyecto solamente se estarían acogiendo a las disposiciones de éste entre 55 a 70 alguaciles para un gasto total aproximado de 840,000 dólares anualmente”, explicó Fuentes Díaz.
El portavoz señaló que una vez transcurridos esos primeros cinco años, la cantidad a retirarse iría decreciendo paulatinamente hasta tener un promedio de entre 20 a 35 “con un ahorro sustancial para el gobierno en relación con los salarios y beneficios dejados de recibir por los que se acojan a dicho beneficio establecido en el proyecto. Como bien se expresa en el informe aprobado por la Comisión de Gobierno del Senado, entiende necesario que se debe enmendar la medida, como bien así se hizo el pasado 22 de febrero del año en curso, para disponer que el mismo entre en vigor en el próximo año fiscal 2022-2023”.
