El Senado de Puerto Rico, en su Sesión Ordinaria, aprobó un proyecto para disponer que los fondos provenientes del Fondo General del Tesoro del Estado, dispuesto en la Ley 53-2021, incluirá una asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de $500 millones para uso estricto para la operación diaria de la institución.
El Informe Positivo Conjunto de las comisiones de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Control Fiscal; y de Educación, Turismo y Cultura sobre el Proyecto de la Cámara 2002, busca que se enmiende la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico. Esta ley incluye el financiamiento por cinco años para la UPR, que inició el pasado año y perdurará hasta el 2027, con la intención de conservar la capacidad de la institución para llevar a cabo su misión educativa, y garantizar los recursos para mantener los programas acreditados.
A través del Artículo 105 de la Ley 53, se garantizó una estabilidad presupuestaria de $500 millones, sin incluir los fondos de resoluciones conjuntas o proyectos especiales para entidades o servicios. Estos fondos adicionales se utilizarán para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil.
El senador Rafael Bernabe, quien labora en el Primer Centro Docente del país hace 35 años, indicó que la Junta de Control Fiscal tiene una política establecida sobre la UPR. “Destruir la Universidad de Puerto Rico es destruir una palanca de nuestro desarrollo económico. La Junta de Control Fiscal no fundamenta sus políticas en la realidad ni en la práctica”.
“Esto es un intento más débil de lo que quisiera de proteger nuestro Primer Centro Docente de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal. […] Esta medida busca que esa asignación básica [$500 millones] tiene que estar dirigida estrictamente a los gastos operacionales”, dijo la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
Por otro lado, se avalaron tres proyectos que proponen enmiendas a la Ley de Vehículos y Tránsito, como el Proyecto del Senado 1361 que propone reformar los plazos en los que se deberán pagar los boletos. Además, disponer derechos a descuentos de 50 por ciento, 25 por ciento y 15 por ciento a los infractores que paguen sus boletos en los primeros 90 días de expedición.
También, el Proyecto del Senado 1320 que busca prohibir que las personas y entidades de escuelas de conducir vehículos de motor puedan negarse a ofrecer sus servicios a ciudadanos con alguna discapacidad física o intelectual. Del mismo modo, se aprobó el Proyecto del Senado 1330 busca añadir como vehículo estacionado ilegalmente cualquier auto mediante pago en un estacionamiento público que exceda el plazo máximo de tiempo dispuesto por el operador.
Según la pieza legislativa, el objetivo de esta medida es fomentar la responsabilidad de los propietarios de vehículos para resolver el abandono en estos estacionamientos, especialmente, la problemática actual en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Otra medida cameral avalada por el Senado fue el Proyecto de la Cámara 1895 que propone enmendar la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para establecer la capacitación de la población de personas mayores en el uso de tecnología de la información y la comunicación.
Por otro lado, con 13 votos a favor y 13 en contra, se derrotaron ocho medidas que proponían establecer las frecuencias de auditorías de la Oficina del Contralor de Puerto Rico al Instituto de Estadísticas, Oficina de Ética Gubernamental, entre otras. Estas piezas legislativas fueron los proyectos de la Cámara 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934 y 1942.
El Alto Cuerpo recesó sus trabajos hasta el próximo martes, 21 de mayo, a las 11:00 a.m.
