La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) advirtió hoy que la propuesta contenida en la Reforma Contributiva para eliminar la exención al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los sistemas solares y baterías tendría consecuencias severas para cientos de miles de familias, desaceleraría el desarrollo energético del país y contradice años de política pública a favor de la transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico.
En la vista pública citada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, presidida por la Hon. Migdalia Padilla Alvelo, SESA explicó que el Artículo 12 del proyecto propone derogar la Sección 4030.17 del Código de Rentas Internas, lo que impondría por primera vez un IVU de 11.5% a la venta y arrendamiento de sistemas solares a partir del 1 de julio de 2026. Esto provocaría un aumento inmediato en el costo de los equipos y en los pagos mensuales de miles de hogares.
Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, indicó que “cerca de 200,000 hogares en Puerto Rico ya cuentan con sistemas solares con baterías, de los cuales gran mayoría pertenece a familias de ingresos bajos, moderados y medios, según clasificaciones del Departamento de Vivienda federal (HUD). Para estas familias, solar no es un lujo, sino una vía esencial para asegurar su estabilidad energética frente a los apagones y facturas eléctricas elevadas”.
“Todo el país está de acuerdo con reajustar las tasas contributivas de formas más progresivas y justas en beneficio de la clase media. Pero añadirle más de $3,000 al costo de un sistema solar promedio que esa misma clase media y sectores menos pudientes adquieren, e incluso subirle el pago mensual de arrendamiento solar a esas mismas familias, niega y neutraliza cualquier alivio contributivo. Es imponer una carga directamente a las familias que buscan la energía solar para sobrevivir a una red inestable y cara”, añadió Rúa Jovet.
De aprobarse la medida según redactada, un sistema promedio con placas y batería podría aumentar de aproximadamente $30,000 a más de $33,400, lo que eliminaría gran parte del alivio económico que persigue la reforma. En el caso de los arrendamientos solares, utilizados por más de 140,000 familias, el impacto sería inmediato: un pago típico de $200 mensuales aumentaría cerca de $23 al mes, equivalentes a $276 al año y más de $5,000 durante la vigencia de un contrato de 20 años.
SESA también alertó que imponer impuestos a la energía solar tendría un efecto directo sobre la actividad económica. Actualmente, las instalaciones solares residenciales han inyectado más de $6 mil millones en inversión privada, sostienen al menos 10,000 empleos directos y aportan cerca de 1,400 megavatios (MW) de capacidad instalada, ayudando a evitar apagones diurnos y nocturnos que afectan a toda la población, no solo a los clientes solares.
Rúa Jovet enfatizó que ponerle impuestos a los sistemas solares no solo encarece el acceso para las familias, sino que erosiona la propia base contributiva que el Estado busca ampliar. “Cuando los números dejan de cuadrar para el consumidor, no hay instalaciones nuevas, no hay recaudos adicionales y lo que se produce es una contracción económica”, sostuvo.
Además, Rúa Jovet recordó que el sector solar ya enfrenta presiones externas, como la eliminación del crédito contributivo federal (ITC) para arrendamientos solares a partir de 2027, lo que aumentará significativamente los pagos mensuales futuros. Añadir un IVU local en ese contexto agravaría aún más la crisis de asequibilidad.
SESA reiteró su respaldo al objetivo de una reforma contributiva más justa y progresiva, pero insistió en que no debe financiarse a costa de penalizar a las familias que han invertido en energía limpia para proteger sus hogares, sus economías y su seguridad energética.
Rúa Jovet puntualizó que “esta Legislatura protegió la medición neta, eliminó el cargo solar injusto y eximió a los sistemas solares del IVU porque reconoció que es un servicio esencial, no un lujo. Confiamos plenamente en la democracia y en el proceso legislativo, y agradecemos las acertadas expresiones de los líderes de mayoría y minoría, quienes al unísono han rechazado financiar un fin legislativo loable, como lo es una reforma contributiva progresista, mediante impuestos a tecnologías solares que hoy son de primera necesidad para miles de familias en Puerto Rico”.
“Respetuosamente, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a mantener intacta la exención vigente al IVU solar y a trabajar de manera colaborativa para lograr una reforma verdaderamente equitativa, coherente con la política energética del país y con el bienestar de la clase trabajadora”, concluyó Rúa Jovet.
