La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes realizó hoy, jueves, una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 2038 que propone el aumento de un 10% de todas las anualidades que
pague el Gobierno a los pensionados de los Sistemas de Retiro, por méritos, edad,
años de servicio o incapacidad hasta un máximo de $3,000.
De igual forma, la medida persigue aumentar anualmente las pensiones de costo de
vida (COLA) que determine el Administrador del Seguro Social de Estados Unidos que
se sufragará con los ingresos de IVU que no estén asignados al Fondo de
Administración Municipal.
A la audiencia pública comparecieron la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de
Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Luis Collazo
Rodríguez indicó que ‘’no podemos perder de perspectiva que existen limitaciones
fiscales y legales bajo la Ley PROMESA. Ciertamente, la aprobación de este proyecto
representa un aumento a los beneficios de los pensionados bajo el sistema. En
consecuencia, esto conlleva un impacto económico que se verá reflejado en la partida
presupuestaria destinada para el pago de las pensiones y por ende, la medida tendría
un impacto incremental en el presupuesto del Fondo General’’.
Según Collazo Rodríguez, el Gobierno ha depositado en el fideicomiso como garantía
adicional al PayGo para asegurar el pago de las pensiones sobre $2.5 billones.
‘’Entendemos que la medida propuesta no ha tomado en consideración las
aportaciones millonarias que debe realizar el Gobierno al Fideicomiso de Reserva
anualmente al amparo de los establecidos en el Plan de Ajuste de la Deuda’’.
Asimismo, Collazo Rodríguez reiteró que el impacto económico de la medida no ha
sido analizado, cuantificado ni presupuestado. ‘’Sostenemos que la aprobación de la
medida conlleva una potencial violacion a las disposiciones del PAD y al Plan Fiscal
para Puerto Rico’’.
Por otro lado, en una ponencia conjunta, Luis Umpierre Ferrer en representación de
AAFAF, DH y OGP dijo que la pieza legislativa tendría un impacto en los gastos del
Gobierno al imponer aumentos de los pagos de pensión en todos los retirados de los
Sistemas de Retiro del Gobierno en diez por ciento del primer año y aumentos por
COLA por el resto de los años subsiguientes a partir del 1 de julio de 2025.
‘’Al presente, AAFAF, Hacienda y OGP desconocen a cuánto ascendería el referido
impacto. Del trámite legislativo de la medida no surge que la Asamblea Legislativa
cuente con un estudio de impacto fiscal ni un análisis actuarial de lo que representan
dichos gastos incrementales’’, sostuvo Umpierre Ferrer.
‘’No estamos en posición de avalar la aprobación del proyecto según redactado y
aunque tiene un objetivo loable, mantenemos interrogantes fiscales, presupuestarias y
programáticas relacionadas a su implementación y consistencia con el Plan Fiscal. A fin
de cuentas, la media contraviene expresamente el párrafo 62 de la Orden de
Confirmación por lo que existe un impedimento legal para su implementación’’, enfatizó
Umpierre Ferrer.
En tanto, Umpierre Ferrer recomendó que la Asamblea Legislativa en conjunto con la
Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), realicen un estudio de
impacto y análisis actuarial que permita al Gobierno estar en posición a futuro cuando
se den las condiciones para que cese el impedimento legal de poder tomar iniciativas
como la propuesta en el Proyecto.
