Los representantes, Denis Márquez Lebrón y Jesús Manuel Ortiz González, anunciaron el jueves, la radicación de dos proyectos dirigidos a enfrentar la crisis de violencia infantil en Puerto Rico.
Esto, luego de que la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz admitiera en una Vista Pública que tiene 10,458 referidos de posible maltrato sin atender desde el año 2016 y a juicio de los representantes, la funcionaria no presentó propuestas para atender la situación.
“En primer lugar, estamos radicando el Proyecto de la Cámara 1333 junto al compañero Jesús Manuel Ortiz, para declarar de una vez y por todas, un estado de emergencia en Puerto Rico por violencia infantil. Creando una entidad asesora que tenga participación comunitaria, que tenga participación de los profesionales, pero que le obliga el Departamento de la Familia a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, al Departamento de Hacienda a llevar a cabo todas las acciones necesarias fundamentales precisas para atender este grave problema en el país”, dijo el representante Márquez Lebrón en conferencia de prensa.
Según Márquez Lebrón, el proyecto obliga al Departamento de la Familia a reclutar trabajadores y trabajadoras sociales con salarios justos.
“De igual forma, el mandato a que continúen investigando y den cuenta la Legislatura de los menores desaparecidos en Puerto Rico, bajo la custodia del Departamento de la Familia. Y en tercer lugar, también esa medida incluye el asunto de qué en Puerto Rico se han identificado casos de maltrato sexual a niñas y niños en Puerto Rico que no son radicados. Pasan los años y no son radicados por el Departamento de Justicia y siempre tienen una excusa para ello”, añadió.
Por su parte, el representante Ortiz González sostuvo que “luego de la Vista Pública que hicimos en la Comisión de Gobierno surgió información que apuntaba a que casi el 70 por ciento de los referidos que se reciben el departamento no son atendidos. No es que se rechazan, no es que se atienden mal es que muchos de ellos -casi siete de cada 10- no son atendidos. Que cuentan con 28 trabajadores para recibir querella a nivel de todo Puerto Rico. Que le falta más de 200 o 300 trabajadores sociales para atender y analizar más de 30 40 casos por cada trabajador o trabajadora social, cuando sabemos que una medida razonable debería ser entre 10 y quizás 20 casos. Estamos hablando de una parte de la población que no puede defenderse por sí solo y el gobierno le ha fallado grandemente, administración tras administración. Esto es un tema en el que todo el mundo por mucho tiempo ha fallado”.
La segunda medida es el Proyecto de la Cámara 1334 para incluir en la legislación de protección de menores, una definición de tortura infantil que no existe en la legislación puertorriqueña.
“Para propósitos esta medida, definimos la tortura infantil como todo acto intencional y cruel, en el que incurre el padre, la madre o persona que ostente la custodia del menor que ocasione o amenace con causar dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental”, explicó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Como ejemplos de tortura mencionó “hacer pasar hambre intencionalmente, obligarlo a sentarse en la orina o en las heces, herir físicamente en repetidas ocasiones, exponerlo a temperaturas extrema sin ropa adecuada, encerrarlos en armarios u otros espacios pequeños. Limitar su libertad de movimiento de cualquier forma. Perpetrar abuso sexual recurrente, sujetarlo a confinamiento solitario y otras más”.
En la conferencia de prensa, participaron la doctora Yanira Carmona, directora del Programa Biopsicosocial del Recinto de Ciencias Médicas de Centros de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS), y portavoces de la Coalición Paz Para La Niñez.
