La Cámara de Representantes aprobó este miércoles en sesión legislativa un proyecto de ley que prohíbe a los comercios imponer una cantidad mínima de compra para que los clientes puedan realizar sus pagos con tarjetas de débito.
“Hay personas que a veces pueden hacer la transacción, pero también tenemos la situación donde hay personas que no tienen el dinero o van con el dinero contado para poder comprar lo que necesitan en su residencia”, expresó la representante Yashira Lebrón Rodríguez, autora del Proyecto de la Cámara 672.
Tras el proceso de enmiendas realizado en la Comisión de Asuntos del Consumidor, la medida establece, además, una cantidad mínima de $10 que se podrá exigir únicamente para transacciones mediante tarjeta de crédito en conformidad con las normativas federales.
Para Lebrón Rodríguez, también vicepresidenta de la Cámara, la práctica de requerir un monto de consumo mínimo para que el cliente pueda pagar con tarjeta de débito es “abusiva e injusta” para el consumidor que gasta más de lo deseado para poder finalizar la transacción.
La legisladora indicó durante su turno sobre la medida que la legislación persigue proteger, especialmente, a la población de adultos mayores. La pieza legislativa también dispone que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) estará facultado para emitir multas no mayores de $2,500 para primeros infractores y hasta de $5,000 para infractores recurrentes.
La medida fue respaldada en el hemiciclo cameral por 39 representantes, mientras que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) se abstuvo de la votación.
Buscan agilizar declaración de estorbos públicos
Por otro lado, el cuerpo legislativo favoreció el Proyecto de la Cámara 513, que tiene el objetivo de acortar a 90 días el plazo para que la Universidad de Puerto Rico (UPR) notifique a los municipios su interés de adquirir una propiedad inmueble declarada estorbo público.
La pieza legislativa es de la autoría de la representante Wanda del Valle Correa, quien aseguró que la radicación de la medida responde a peticiones de la administración de la UPR para atender la acumulación de propiedades en desuso que la institución hereda cuando son designadas estorbos públicos.
“Es el primer paso para que se trabaje la situación entre estorbos públicos, la Universidad de Puerto Rico y la gente que no tiene vivienda”, indicó del Valle Correa. “Esto, sin afectar las arcas ni el funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico”.
Sin embargo, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votó en contra del proyecto luego de que el portavoz Denis Márquez Lebrón presentó enmiendas en sala –que fueron derrotadas– que garantizaban a la UPR tiempo adicional para evaluar cada caso y la documentación necesaria.
“Para nosotros es importante en la Universidad que tengamos una información básica para poder ejercer el criterio jurídico de si se acepta una propiedad declarada estorbo público”, dijo el legislador.
Según el Código Civil de Puerto Rico, los inmuebles que son declarados estorbos públicos se destinan al gobierno municipal que ostenta la jurisdicción solo luego de que la UPR haya expresado su falta de interés por no representar uso institucional dentro del término de cinco meses de la institución haber recibido la notificación de la propiedad.
El pleno dio paso, de igual forma, a la Resolución de la Cámara 219 para ordenar al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, presentar un informe sobre los vales educativos otorgados en los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros. La medida es de la autoría del representante Emilio Carlo Acosta.
También se avaló el Proyecto del Senado 110, que persigue establecer un nuevo protocolo para la acreditación de estudiantes veterinarios graduados de escuelas acreditadas y no acreditadas por la Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA).
La Cámara recesó sus trabajos de la sesión legislativa hasta el próximo lunes, 19 de enero, a las 11:00 a.m.
