La Cámara de Representantes aprobó hoy, durante la Sesión Ordinaria, los Proyectos de la Cámara 580 y 581 con el objetivo de fortalecer el Código Penal de Puerto Rico, en específico para velar por la seguridad de los agentes del orden público.
Ambas medidas fueron presentadas por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, quien con ello ratifica su compromiso con la seguridad en la Isla.
“El proyecto 580 es una iniciativa que busca proteger a los hombres y mujeres de las agencias de ley y orden contra delitos que se intente cometer contra ellos, incluyendo como circunstancia agravante a la pena cuando el delito se comete contra un funcionario del orden público mientras se está en el cumplimiento de sus deberes. Nuestros agentes merecen el respeto de toda la ciudadanía, ellos colocan en riesgo sus vidas para el bienestar de nosotros. Con este proyecto le brindamos un elemento de disuasión adicional a los criminales”, puntualizó el líder cameral.
Mientras que el Proyecto 581 deja claro “que no se tolerarán agresiones contra nuestros hombres y mujeres del orden público enmendando el Código penal para establecer, como delito grave, con pena de reclusión fija de cinco años, la agresión que se cometa contra agentes mientras este esté en el cumplimiento de sus deberes. Nuestros policías y demás agentes están para ayudarnos y no merecen agresión alguna”.
A renglón seguido, le dieron paso al Proyecto de la Cámara 483, de Administración, para adoptar el “Código de Lactancia de Puerto Rico” que establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de la lactancia materna.
Según la exposición de motivos de la pieza, “a pesar de toda la legislación aprobada con el propósito de proteger y regular la práctica del amamantamiento y extracción de leche materna y de la jurisprudencia al efecto, en Puerto Rico, todavía ocurren circunstancias en las que se le violentan sus derechos a las madres lactantes”.
La pieza estipula que “cónsono con lo anterior, proponemos que se apruebe este Código de la lactancia de Puerto Rico, a fin de incorporar, sistematizar y consolidar las diversas leyes existentes, de modo que podamos contar con un instrumento ágil, eficiente y atemperarlo a los tiempos y las necesidades de las madres lactantes en la Isla”.
Con esta iniciativa se busca propiciar, “la educación y la diseminación de la información pues agrupa las decenas de leyes en un solo documento, procurando mayor accesibilidad y alcance de esta ley”, además de hacerle justicia a entidades como el Centro Integral de Lactancia, la Liga de la Leche de Puerto Rico y Maternidad Feliz.
Asimismo, avalaron el nombramiento de la Lcda. Luisa Mercedes Colom García, como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, que obtuvo -47 votos a favor y 3 en contra.
El presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Víctor Parés Otero, señaló que “la Lcda. Colom García representa una figura con sobrada capacidad, criterio jurídico refinado y madurez institucional, cualidades esenciales para cualquier función de alto nivel dentro del servicio público”.
De otro lado, el representante Héctor Ferrer Santiago, indicó que le prestaría un voto de confianza “para que le devuelva la credibilidad a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y que comience ese proceso de cambio que debe existir en esa oficina”.
El representante independentista Dennis Márquez Lebrón, a pesar de señalar que no tenía problemas con el nombramiento en discusión, trajo a la atención una misiva enviada por la presidenta del Panel, Lcda. Ygrí Rivera Sánchez.
“Alguien me puede explicar cómo es posible que en el Panel del FEI, institución independiente, que debe ser autónoma, que investiga a los funcionarios de gobierno, asuma la posición de que la ciudadanía validó su gestión, a mí me parece, no se si fue un lapsus o fue intencional, pero estoy convencido es que esto refleja una posición que no debe ser la de una oficina independiente, que no puede estar haciendo alusiones a que la ciudadanía le dio su respaldo, ni alusiones a apoyos electorales”, por lo que Márquez Lebrón anunció su voto en contra de la nominada.
A la lista de aprobaciones se unió el Proyecto de la Cámara 271, del representante José “Pichy” Torres Zamora, para añadir un nuevo articulo al “Código Penal de Puerto Rico” a fin de tipificar como delito la obstrucción intencional y deliberada del tránsito vehicular o el libre movimiento de transeúntes por las vías públicas cuando ello afecte el orden público.
Además, ratificaron el Proyecto de la Cámara 305, del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, que enmienda las Reglas de Evidencia de Puerto Rico a los fines de reconocer el privilegio de confidencialidad en las labores de los trabajadores sociales, de modo que se fortalezca la confianza y seguridad de las personas que reciben los servicios de estos profesionales, promoviendo así el proceso de ayuda que brindan a sus clientes.
Igualmente, favorecieron el Proyecto de la Cámara 389, de la autoría de los representantes Joe Colón Rodríguez, Luis J. Jiménez Torres y Carmen Medina Calderón, para enmendar la “Ley de Extensión de Nombramientos a los Maestros con Estatus Transitorio Provisional en categorías de difícil reclutamiento y con Nombramientos Transitorios Elegibles en Cualquier Unidad Académica y los Asistentes de Servicios al Estudiante (T1), Adscritos a la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico” a los fines de disponer que los asistentes T1 y T2, tendrán el derecho a devengar el salario mínimo vigente.
Del representante José Aponte Hernández, el Proyecto de la Cámara 425, obtuvo el beneplácito para así adoptar la “Ley para el Fomento del Uso de Controles Parentales Digitales en Puerto Rico” que asigna responsabilidades al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a la ‘Puerto Rico Innovation and Technology Service’ (PRITS) y a la Junta Reglamentadora del Servicio Público de Puerto Rico de orientar y promover activamente entre la ciudadanía el uso de controles parentales en dispositivos electrónicos y proteger a los menores de edad que navegan en internet.
También ocurrió con el Proyecto de la Cámara 640, del representante Jerry Nieves Rosario, para añadir un inciso a la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico, a los fines de dar nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, ante el aumento de los casos de abuelos que crían a sus nietos.
Esta pieza legislativa persigue que la mencionada oficina instituya, ya sea por sí misma, o a través de acuerdos colaborativos con entidades públicas o privadas, así como organizaciones sin fines de lucro, un programa dirigido a atender a esta población, mediante distintas estrategias para ofrecer información sobre los servicios que ofrecen las distintas agencias para ayudar a los cuidadores a canalizar las tensiones emocionales y físicas.
El Proyecto de la Cámara 244, del representante José “Che” Pérez Cordero, recibió el visto bueno para establecer que toda venta al detal de gas licuado debe incluir al menos un detector de gas propano o butano diseñado para identificar concentraciones de estos productos en el ambiente y emitir alertas en caso de fugas.
De igual modo, sucedió con el Proyecto de la Cámara 407, de la representante Lilibeth Rosas Vargas, para declarar Reserva Agrícola de Puerto Rico los terrenos que comprenden el “Bosque” de la “Escuela Especializada Agroecológica Laura Mercado” en San Germán, y establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola de los terrenos.
Por otra parte, se refrendó el Proyecto de la Cámara 530, del representante Edgar Robles Rivera, que enmienda “Ley General de Expropiación Forzosa”, y “Código Municipal de Puerto Rico”, con el propósito de autorizar a los Municipios a someter mediante Ordenanza o Resolución Municipal una solicitud de compensación a la Asamblea Legislativa, por los gastos incurridos por el Municipio para la adquisición, mantenimiento, mejoras o inversiones realizadas a cualquier propiedad o activo que vaya a ser adquirido por el Gobierno mediante un proceso de expropiación forzosa.
