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Cámara de Representantes amplía su ofensiva en defensa de los derechos laborales

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció hoy, martes, que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores del sector privado en todos los foros pertinentes, incluyendo el ámbito judicial, legislativo y congresional, tras la anulación de Ley 41-2022 por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain.
“Para aclarar el récord y refrescarle la memoria al senador Thomas Rivera Schatz y al presidente de Asore, Mateo Cidre, contrario al gobernador Pedro Pierluisi, quien claudicó a su deber de defender la Ley 41-2022 y cuya inacción provocó que la medida fuera anulada, la Cámara de Representantes sí presentó un extenso informe de 26 páginas ante el Tribunal Federal en el que se detalla el impacto fiscal de la Ley”, indicó Hernández Montañez.
Dicho informe fue radicado el 13 de octubre de 2022 en la sala de la jueza Swain en el Tribunal Federal, y fue preparado por el doctor Iyari Ríos González, catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
El extenso documento evidencia cómo las múltiples versiones del Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han fallado en proveer estimados que guarden relación con la realidad económica que reflejan los datos oficiales.
Asimismo, demuestra que el impacto de la Ley 41-2022 no es negativo para la economía y que, por el contrario, esta legislación es idónea para un momento histórico en que la isla se está beneficiando de la inyección de más de $120 mil millones en fondos federales.
De igual forma, se pudo evidenciar con los datos económicos oficiales que todas las políticas antiobreras que ha impulsado el gobierno desde el comienzo de la crisis fiscal no han logrado revertir el estancamiento económico. En contraste, estas políticas aceleraron la migración y provocaron una pérdida poblacional de más de un 20% en Puerto Rico.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, expresó que, “desde el primer día, con la aprobación de los proyectos de la Cámara 3 y 1244, hemos defendido consistentemente los derechos de los trabajadores del sector privado, aumentando, incluso, el salario mínimo (proyecto de la Cámara 338)”.
Hernández Montañez manifestó que “no descansaremos en nuestra defensa por los derechos de los trabajadores y por eso apelaremos esta decisión en el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston. Allí demostraremos la mezquindad y dejadez de la Administración del PNP de no defender a la clase trabajadora del país”.
Igualmente, Hernández Montañez y Torres García radicaron el proyecto de la Cámara 1651, que contiene las mismas disposiciones de la Ley 41-2022.
“Conociendo la lentitud de los procesos judiciales de apelación en el ámbito federal, simultáneamente tomaremos nuevas acciones legislativas y aprobaremos la medida acompañada de un informe de la recién creada Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), y le exigiremos al gobernador que someta ese informe en cumplimiento con la Sección 204 de la Ley Promesa”, advirtió el presidente cameral.
Torres García señaló la “hipocresía y el doble discurso del gobernador cuando, por un lado, presentó un informe completo y detallado del impacto fiscal de su Reforma Contributiva tan pronto la radicó, pero en el caso de la Reforma Laboral arrastró los pies y por su estrategia mendaz fue declarada nula. Fue un veto por inacción”.
Finalmente, Hernández Montañez sostuvo que próximamente estará visitando la capital federal para cabildear ante el Congreso una enmienda que incluya a la Asamblea Legislativa en la sección 204 de Promesa, que actualmente sólo faculta al Ejecutivo a rendir el informe de impacto fiscal.
“El gobernador le ha dado la espalda a los trabajadores una y otra vez, por eso exigiremos ante el Congreso que faculte a la Legislatura de Puerto Rico a rendir ese reporte económico, ya que ahora contamos con una entidad independiente, la OPAL, que se dedica, precisamente, a determinar el impacto fiscal de las medidas”, concluyó Hernández Montañez.

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