En momentos donde la secretaria de Corrección y
Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, participaba de la audiencia pública sobre la
Resolución de la Cámara 906, la funcionaria fue emplazada a comparecer este martes
a la sesión total de interpelación, que fue aprobada ayer en el cuerpo legislativo.
Esta citación surge a raíz de los recientes cuestionamientos sobre el manejo de la
agencia, tras la controversial excarcelación de Hermes Ávila Vázquez. Ávila Vázquez
fue acusado el 22 de abril tras, presuntamente, cometer el feminicidio de Ivette Joan
Meléndez Vega.
Durante la audiencia a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, se recalcó que la
vista había sido agendada “con tiempo”, por lo que solo se atenderían los asuntos
pertinentes a la Resolución Cameral. La vista tuvo el propósito de evaluar los
protocolos y reglamentos internos para el manejo de la población de mujeres
embarazadas en el sistema correccional.
Por su parte, la Secretaria catalogó de “sumamente compleja, difícil, estresante y
riesgosa” la labor diaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y los
empleados de las instituciones carcelarias a su cargo.
“Es un trabajo estresante el que nuestros compañeros tienen dentro de las
instituciones, y mucho más en el área de mujeres porque por el mero hecho de su
condición biológica, sus cambios hormonales y sus vivencias previas al confinamiento,
tenemos que manejar ese conjunto de emociones en nuestra población confinada”,
subrayó la secretaria Escobar Pabón.
La Secretaria de Corrección ofreció datos sobre la población de madres bajo la
custodia de la agencia. De acuerdo al Perfil de la Población Confinada del 2019, solo el
17% de las confinadas reportó no tener ningún hijo.
“Para el periodo del 2022 a lo más reciente de un total de 10 embarazadas, solamente
una se encuentra activa”, agregó Escobar Pabón a modo de actualización.
Además, de ese informe se desprende que de los 1,109 casos a su cargo, solo el 5%
de las mujeres se identificaron con alguna discapacidad.
“En cuanto a las estadísticas de discapacidad, contamos con un total de una confinada
con discapacidad ambulatoria y 12 con discapacidad visual (uso de espejuelos), para
un total de 13”, comentó la Secretaria.
Igualmente, Escobar Pabón aprovechó para aclarar el proceso de evaluaciones
médicas una vez los individuos son encarcelados.
“Cuando un confinado ingresa al sistema, dentro de las primeras 24 horas a partir de la
admisión es examinado por un médico para identificar enfermedades actuales, uso de
medicamentos, signos vitales, peso, pruebas de tuberculosis y otros laboratorios,
referido adecuado a su condición de salud, y otros. En este proceso igualmente, en
cuanto a las féminas, se identifican condiciones de salud incluyendo embarazo, fecha
de última menstruación, medicamentos anticonceptivos, flujo vaginal y otros”, aseguró
la Secretaria en su memorial explicativo.
Por otro lado, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, se excusó por escrito
previo al inicio de la audiencia debido a que todos los servicios para confinados,
incluyendo los médicos y de salud mental, están a cargo del DCR. Esto, en virtud del
caso Morales Feliciano vs. Romero Barceló (USDC PR Civil Núm. 79-4), resuelto en
1986.
La Resolución de la Cámara 906 busca investigar el manejo de las mujeres sumariadas
y confinadas embarazadas bajo la custodia del Departamento de Corrección y
Rehabilitación (DCR).
