Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), afirmó que para garantizar la seguridad de los maestros y sus estudiantes en caso de un tirador activo en un plantel escolar, se debería permitir la portación de armas entre el personal docente y no docente en el Departamento de Educación.
“Antes de que el gobierno invierta millones de dólares en equipos para detectar armas de fuego en los planteles, se debería considerar trabajar alguna Carta Circular con directrices específicas, y realizar esfuerzos en conjunto entre el Departamento de Educación y en Negociado de la Policía para entrenar a los maestros en la misma Academia de la Policía y permitirles portar armas para la defensa de su vida y la de sus estudiantes”, afirmó Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA destacó que los detectores de metales en diferentes agencias gubernamentales como el Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico y los Tribunales no están funcionando adecuadamente, estando protegidos de las inclemencias del tiempo dentro de los edificios, “¿ahora imagínese los detectores en los patios de las escuelas bajo agua, sol y sereno?”.
Torres Meléndez dijo que esta acción no es nueva dentro del Departamento de Educación. Recordó que, en el 2014, “el Secretario de turno le brindó tranquilidad y seguridad al personal docente y no-docente. Un secretario de vanguardia, cuando autorizó a los maestros a portar armas en las escuelas y al personal de forma oculta, no ostentosa, específicamente a los que ya habían iniciado el trámite para las licencias de armas y de portación. “Ahora, con el cambio de Ley de Armas (Ley 168-2019), se haría mucho más fácil porque el maestro tiene que haber aprobado el curso de uso y manejo de armas previo a obtener la licencia. O sea, que estaría debidamente adiestrado para la defensa de vida y propiedad”.
Sobre el control de armas que tanto reclama una parte de la sociedad, mencionó, como ejemplo, que en Chicago, uno de los estados con mayor control de armas en los Estados Unidos, hubo 23 incidentes de balas, 5 fatales, en la violencia del fin de semana del Día de los Caídos.
Torres Meléndez insistió en que “no veo ningún ‘issue’ en este asunto, si desde el 2014 algunos maestros, guardias y otro personal han estado autorizados a portar de forma oculta por instrucciones del Secretario de Educación, sin que haya ocurrido algún incidente. La Carta Circular Núm. 24-2013-2014 fue un documento de avanzada y tomando en cuenta un posible acto de un tirador activo. Este Secretario tuvo una visión de futuro y las cosas, cuando se hacen correctas, se pueden continuar y emular, no se descartan, si pueden ayudar a corto y largo plazo a evitar masacres en las escuelas”, dijo.
Como política pública, en ese documento se destaca que la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos aplicable a Puerto Rico establece el derecho de poseer y portar armas. “En ese sentido, la incidencia criminal en la isla ha movido a muchos ciudadanos a solicitar posesión o portación de armas de fuego, permiso que es altamente regulado por legislación y reglamentación federales y estatales”, reza el documento.
“Lo que quiero traer con esto es un llamado de atención porque en el 2022, la criminalidad es más rampante que en el 2014, y desde esa época se estaban buscando alternativas viables para salvar la vida de los niños y maestros en las escuelas”, especificó Torres Meléndez.
En su columna ¿Adiós a las armas?, el historiador Mario Ramos expresó que el debate de las armas y su derecho a portarlas también tiene resonancia en Puerto Rico, salvo que por cuestiones culturales “no tiene el mismo dramatismo que hay en los estados. La ola criminal ha motivado que salgan más personas a defender este derecho, y lo han unido al derecho a la vida. Ventas de pistolas, que incluye a muchas mujeres, y las matrículas en escuelas de tiro han aumentado y el registro histórico sobre incidencia criminal muy bien lo explica, y esto ha convencido a muchos de que estar armados es otra forma de estar protegidos”.
Mientras, analistas políticos cuestionaron el uso de armas en las escuelas alegando que en Texas había guardias armados afuera y no pudieron evitar las 19 muertes de estudiantes y dos maestras. Sobre el particular, Torres Meléndez enfatizó que “lamentablemente, adentro de la escuela sólo había víctimas a la vista, pero no alguien armado que pudiera neutralizar al tirador activo. Afuera, había oficiales de la policía y la patrulla fronteriza, pero inactivos esperando la orden”.
Concluyó que, en este esfuerzo, no tan sólo deberían adiestrar a los maestros en el uso y manejo de armas de fuego en la Academia de la Policía, sino que “les deben dar una licencia expedita como funcionario de gobierno y asignarle un arma del Estado de las que tienen en el depósito de armas de la Policía de Puerto Rico. Este trámite no conllevaría derogación al fisco”.
