Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, solicitó mediante a la gobernadora Jenniffer González Colón que extienda “Orden Ejecutiva” la vigencia de toda licencia de armas otorgada bajo la Ley de Arma de Puerto Rico (Ley 168-2019), las cuales no han podido renovar debido al ciberataque que provocó la interrupción del sistema de información del Departamento de Justicia.
Torres Meléndez dijo que la petición a la Gobernadora es “con carácter urgente para expresar nuestra preocupación y solicitar acción inmediata ante una situación que está afectando a cientos de ciudadanos responsables, poseedores y solicitantes de licencias de armas en Puerto Rico”.
Insistió en que la situación “no se puede tomar a la ligera. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que tienen licencias de armas vencidas en Puerto Rico? Necesitamos que la gobernadora se exprese con relación a este tema, porque aún cuando se resuelva el problema técnico y de seguridad de los servicios digitales, se requiere un tiempo prudente para que todos esos ciudadanos puedan completar los trámites requeridos para renovar sus licencias”.
Desde que el gobierno detectó el ciberataque el pasado 30 de mayo, tomó medidas para proteger la información de los ciudadanos, entre las cuales incluyeron la paralización temporal de los sistemas comprometidos como el portal web del Sistema de Información de Justicia Penal (SIJC-PR) y la implementación de protocolos de seguridad.
El presidente de CODEPOLA afirmó en la misiva que, “durante los pasados días hemos recibido en nuestra organización un número significativo de socios que han enfrentado serios obstáculos en el proceso de renovación o solicitud de licencias de armas” tras el intento de “hackeo” que provocó la interrupción de uno de los procesos indispensables para completar los trámites de licencias conforme a la Ley de Armas de Puerto Rico”.
Alertó que, como resultado, “muchos ciudadanos han quedado con sus licencias vencidas o en proceso de caducidad, sin tener la culpa de esta situación. Esta circunstancia los coloca en una posición legal incierta y de vulnerabilidad, a pesar de que han accionado conforme a los requisitos establecidos por ley”.
De acuerdo con la Ley de Armas vigente, cada poseedor de licencia de armas se somete a una rigurosa verificación mediante el National Crime Information Center (NCIC), el National Instant Criminal Background Check System (NICS), el Registro Criminal Integrado del Departamento de Justicia (RCIJ) y registran sus huellas dactilares ante un técnico del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El proceso de evaluación incluye “la verificación de las huellas con otras que hayan aparecido en escenas del crimen, si tienes en curso órdenes de protección, de acecho o Ley 54 y debes firmar una declaración jurada indicando que no está o no estuvo bajo tratamiento por problemas de salud mental”.
“Este proceso de verificación es medular, es un requisito indispensable. Por ende, mientras se resuelve la situación de forma definitiva, es obligación del estado garantizar sus derechos a los millas de ciudadanos de bien que quieren cumplir con su obligación de renovar sus licencias y estar en ley ante cualquier eventualidad que les obligue a ejercer su defensa con el arma de fuego. Nadie debe ser expuesto a una situación que conduzca a cualquier ciudadano a poner en riesgo su libertad”, resumió.
Por tal razón, el presidente de CODEPOLA solicitó que se considere la emisión de una orden ejecutiva que disponga una extensión o prórroga automática para las licencias de armas vencidas, válida hasta tanto el sistema de investigación del Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico esté plenamente restablecido”.
Esta acción tendría como precedente la orden ejecutiva emitida en el año 2020 durante la pandemia, la cual permitía portar con licencias vencidas ante las limitaciones operativas del gobierno.
Torres Meléndez recalcó que esta medida “brindaría tranquilidad a millas de ciudadanos, mantendría el orden legal, y aseguraría que los derechos adquiridos de nuestros socios y de la ciudadanía en general no se vean comprometidos por situaciones ajenas a su voluntad”.
