La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó con el segundo día de vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 912, que forma parte de la segunda fase de la reforma contributiva, presentado por la Gobernadora, donde entidades del sector privado manifestaron su apoyo a la medida con enmiendas.
“En la primera fase de la reforma contributiva se aprobaron 14 medidas, ya 11 son leyes. Estas leyes, sin ellas no podríamos entrar nosotros a esta segunda fase, que ya es cuando entramos a lo que es las enmiendas al Código de Rentas Internas vigente. Esto no está escrito en piedra, nosotros vamos a escuchar a cada uno de ustedes porque tenemos el espacio y el tiempo necesario…Estas vistas son para escucharlos y que aporten para una Reforma justa con alivios contributivos”, dijo Padilla Alvelo.
La presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, licenciada Zoimé Álvarez Rubio, recomendó ajustes para aclarar la aplicación el proyecto de ley, señalando que el Artículo 1 crea una inconsistencia en las fechas de vigencia sobre el tratamiento contributivo de las compañías de responsabilidad limitada de un solo dueño, por lo que solicitó que se unifique el lenguaje para evitar contradicciones.
Además, sobre el Artículo 9, la licenciada Álvarez Rubio advirtió que la exención contributiva a las distribuciones del Plan de Aportaciones Definidas para servidores públicos sería retroactiva a 2025, cuando ya se realizaron retenciones y se están preparando informes informativos, por lo que se sugirió que el Departamento de Hacienda emita guías claras y conceda un plazo de 45 a 60 días a los agentes pagadores para ajustar sus sistemas de reporte conforme a cualquier cambio en las reglas.
Padilla preguntó cómo evalúa el balance desde el hecho de la competitividad fiscal. Álvarez Rubio manifestó “lo que pasa es que el sector aumenta una tasa y va a ir dirigido a volvernos menos competitivos para ese sector en particular. Puede no destacar y desincentivar que personas sujetas a ese renglón puedan quedarse en Puerto Rico”.
Por su parte, la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino, preguntó si entiende necesario extender el periodo de radicación de planilla. “Si van a haber cambios en la planilla, que van a necesitar que Hacienda no pueda hacer programaciones internas, va a ser necesario probablemente extender la planilla, pero esta es una opinión particular mía, habrá que esperar a ver qué cambios se hacen”, respondió Ángel Morales, asesor de la Asociación de Bancos.
En la misma línea, participó como deponente, David Rodríguez Ortiz, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), quien avaló la medida con enmiendas. “El Colegio de CPA está de acuerdo con el propósito general de este proyecto de ley y recomienda su aprobación, aunque reconoce que no constituye una reforma contributiva integral la cual se limita a beneficios a individuos, sin atender las contribuciones de corporaciones y otras entidades”.
A su vez, Rodríguez Ortiz añadió que esta medida representa un paso intermedio razonable mientras se trabaja, de forma más amplia y estructurada, una reforma comprensiva que atienda de manera balanceada a individuos, corporaciones, entidades conducto, impuestos al consumo y contribuciones municipales.
Entre las enmiendas sugeridas, el deponente indicó que cualquier incremento en la tasa máxima vaya acompañado de salvaguardas claras que promuevan estabilidad normativa y una evaluación periódica de su impacto real sobre la inversión y el crecimiento económico. Asimismo, “se sugiere que el financiamiento de la reforma no descanse de manera desproporcionada sobre este grupo, sino que se complemente con ahorros estructurales en el gasto público, revisión de exenciones ineficientes y mejoras en la captación del recaudo existente”.
Asimismo, señaló que la redistribución de la carga contributiva debe balancearse con la necesidad de fomentar el desarrollo económico sostenible. “Si bien aliviar a la clase trabajadora y a la clase media es una meta legítima y necesaria, ese alivio no debe lograrse a expensas de erosionar la base de contribuyentes de altos ingresos que, además de aportar una porción significativa del recaudo, suelen ser motores de inversión, creación de empleo y actividad empresarial”, explicó el deponente.
En un turno, el pasado presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, preguntó cuánto tiempo más se necesita para trabajar las planillas con estos ajustes que se proponen en la reforma contributiva. Rodríguez Ortiz dijo que no tienen la información o la data suficiente para decir 30 días, 45 días, 60 días. “Sabemos que para el 15 de abril, con la información que tenemos, no es razonable, porque nosotros tenemos que instruir claramente a los contribuyentes sobre cuáles son las reglas. Hasta que nosotros no tengamos una ley final y firme, no podemos decir qué es lo que hay que hacer”, detalló el deponente.
Por su parte, el licenciado Héctor Morales Martínez, presidente de la Junta de Planificación, dijo a la Comisión que, desde el punto de vista macroeconómico, “no tenemos objeción a este proyecto de ley”. A su vez, el deponente desglosó en números los beneficios para el contribuyente. Explicó que la inversión por el costo para la Reforma Contributiva 2026 tendría un impacto directo, indirecto e inducido en la economía de $1,413 millones en producción local, creando empleos por 9,139 e ingreso salarial de $388.9 millones.
“Esta inyección para la reforma contributiva impacta a los sectores industriales tales como: Servicios y Gobierno creando 2,294; 5,277 empleos directos, indirectos e inducidos respectivamente. La reforma contributiva proporciona beneficio al gobierno para mantener la estabilidad de los recaudos, ingresos y operaciones de este”, indicó Morales.
“En términos del impacto económico por las nuevas tasas contributivas de la reforma contributiva, el deponente dijo que está diseñada para beneficiar a aproximadamente 790,000 familias, lo que representa casi el 99.8% de los contribuyentes en Puerto Rico. Los grupos más beneficiados incluyen la clase media y trabajadora lo cual representa el sector con mayor alivio fiscal.
También, favoreció el proyecto la licenciada Ketsy García Rosario, en representación del Departamento de Justicia (DJ). La deponente concedió total deferencia a los comentarios y evaluaciones que presentaron el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), por ser las entidades con el conocimiento técnico y especializado para analizar la viabilidad fiscal.
Además, explicó que, desde el punto de vista jurídico, “el P. del S. 912 se inserta adecuadamente dentro del marco normativo del Código de Rentas Internas, el cual constituye la columna vertebral del sistema contributivo puertorriqueño. Las enmiendas propuestas no crean un esquema contributivo paralelo ni desarticulan la estructura existente, sino que atienden aspectos específicos del Código para precisar su alcance, corregir ambigüedades y viabilizar su ejecución administrativa, en consonancia con los poderes delegados al Departamentos de Hacienda”.
En un turno, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, preguntó cuál es la posición del DJ sobre la posible extensión en la radicación de planillas. García Rosario respondió que le concede deferencia a lo que opine sobre este asunto el Departamento de Hacienda y el componente fiscal del gobierno. “Es un asunto técnico y solamente ellos saben si el tiempo que resta va a ser suficiente para poder lograr todos los ajustes necesarios, así que le concedemos deferencia. En términos jurídicos sobre el particular no tenemos comentarios al momento”, añadió la deponente.
