En aras de atender el tema de violencia policiaca contra menores, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, llevó a cabo una vista pública para indagar sobre el problema y auscultar sobre soluciones reales que garanticen los derechos cobijados bajo la Constitución.
“Queremos que realmente haya cumplimiento, investigación y transparencia en el uso de la fuerza policiaca. Porque las personas que tienen armas, en este caso la Policía, deben saber que el uso indiscriminado de esa arma causa muertes”, expresó Rivera Lassén.
Las audiencias responden a la Resolución del Senado 209, que propone investigar la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos.
La comisión citó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); a Kilómetro 0; a la Comisión de Derechos Civiles; el Comité Dominicano de Derechos Humanos y varios padres de menores víctimas de violencia policial, que presentaron su testimonio.
Uno que causó conmoción fue el de Suheil Nevárez, tía de Javier A. Cordero Nevárez, joven de 16 años que recientemente fue víctima de violencia policiaca.
La mujer leyó el testimonio de su hermana Sheila Nevárez, madre del joven, e hizo un llamado a que se haga justicia y para que se realice una investigación adecuada. “Como familia perdimos a un ser humano muy valioso. Esto es algo devastador para todos. Él no estaba armado, no era un riesgo para ellos. No tenían que acribillarlo como lo hicieron…Tomaron la justicia en sus manos”, detalló.
Mientras, José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, propuso durante su alocución la creación de una Comisión de la Sociedad Civil.
“Con las organizaciones aquí convocadas, se puede crear dicha comisión, para trabajar y fiscalizar el uso de la fuerza, las relaciones con las comunidades, el área de cumplimiento de dicha reforma, sobre todo en el aspecto administrativo, ya que le cuesta al erario la friolera de 20 millones anuales”, destacó Rodríguez.
“La Policía de Puerto Rico comenzó como un cuerpo militarizado… Llevamos muchos años documentando a la Policía y en nada ha cambiado. Cambiará solo cuando el pueblo se dé cuenta de que tiene derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas y que haya consecuencias por estos actos”, destacó William Ramírez Hernández, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Por su parte, Mari Mari Narváez, de Kilómetro 0, durante su ponencia emplazó al secretario del Departamento de Justicia a que se sepa cuáles son los resultados de las investigaciones en cuanto a la fuerza excesiva de la Policía en sus intervenciones con menores de edad.
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado estará citando otras vistas públicas para darle seguimiento a este tema de la violencia policiaca en menores de edad.
