La senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, realizó una vista pública con el propósito de investigar desde la perspectiva de los derechos humanos las condiciones de vivienda de la población en Puerto Rico resaltando aspectos de asequibilidad de vivienda y desplazamientos de residentes.
“La queja es el desplazamiento del concepto de la gente que vive en comunidad, por una población de personas que van y vienen. Es casi convertir esos lugares en ciudades hoteles. Es extremadamente preocupante sin duda. Ante eso la resistencia que vemos para regular esto de alguna manera, ya sea limitar las cantidades por bloque o cualquier otro mecanismo”, expresó la senadora Rivera Lassén.
En la vista pública, estuvo como deponente el profesor Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, quien expresó preocupación por las comunidades desplazadas y la asequibilidad de vivienda en Puerto Rico.
“Lo que quiero decir es que la forma un poco tradicional de ver el tema es que una vivienda es una vivienda y es una vivienda, pero lo cierto es que hay mercados segmentados. El mercado de vivienda de lujo no se traduce en la vivienda subsidiada de sección 8 por ejemplo. Es en ese sector de viviendas asequibles donde hay una falta de unidades, no es una ecuación de si hay suficientes casas, es que si hay unidades de viviendas estén a los precios asequibles que las personas puedan alcanzar” destacó Santiago Bartolomei.
Según la ponencia del catedrático de la UPR, la crisis de asequibilidad se suma a problemas estructurales de vivienda que se vienen arrastrando desde hace muchos años en Puerto Rico.
“Desde antes de que impactara el huracán, según datos de la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, más de la mitad de los inquilinos en Puerto Rico gastaban más de una tercera parte de su ingreso en alquiler, mientras que más del 40 por ciento de los hogares que tienen hipoteca gastan más de una tercera parte de su ingreso en costos del hogar. Estos hogares son altamente susceptibles a ser desahuciados. Por otro lado, antes del huracán María, la lista de espera para recibir subsidios a través de los programas de Vivienda Pública y de vales de Sección 8 superaban las 20,000 y 14,000 personas, respectivamente. Hoy en día, la lista de espera para estos programas aún ronda cerca de las 15,000 personas”, expresó el profesor.
A preguntas de la senadora Rivera Lassén, sobre qué medidas legislativas se pueden considerar para atender este problema, Santiago Bartolomei dijo que “hay un área donde la intervención de la Legislatura es más apropiada y es la de evitar desplazamientos”.
“La idea de esto es reconocer que muchas de las comunidades que están siendo desplazadas por estas dinámicas, a pesar de mitos y relatos que se dicen por ahí, (estos espacios) no eran lugares deshabitados, vive gente. No queremos decir que no haya inversión en el área, no queremos que se vaya la gente que vive en estos lugares y que realmente sí le dan una vitalidad y un carácter comunitario, es importante mantener a las personas en su sitio. Una serie de medidas que se pueden implantar en esa dirección es, el control y regulación de rentas, no quiere decir congelación de renta, sino mantener un régimen establecido de bajo qué criterio se pueden establecer niveles de alquileres que tal vez se pueden atar a los precios de inflación. Son medidas que existen en Estados Unidos”, recomendó el catedrático.
De otra parte, señaló que en el periodo de 2000- 2006 fue cuando más viviendas se construyeron y más caras estuvieron con un promedio 15,000 unidades al año.
Por su parte, la presidenta de la comisión, Rivera Lassén manifestó su sentir sobre la construcción de viviendas en el país. “Siguen construyendo hogares que la gente no puede comprar y uno se pregunta pues para qué es que las están construyendo porque si es para gastar algún dinero que se les da para que construyan, yo no veo para que se está comprando cemento, varillas, piedras y estos sean índices de progreso o que sea un índice de desarrollo por lo que se está construyendo, pues me parece patético porque al final de cuentas son monumentos al desastre”, dijo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana.
Santiago Bartolemei, en su ponencia, cita datos del censo decenal, que indican que en el 2010 había 1.2 unidades de vivienda disponibles para cada familia en Puerto Rico. “Esta cifra se mantuvo igual en el 2020, a pesar de la reducción de unidades de vivienda como resultado de los huracanes de 2017. Por lo tanto, el inventario disponible no se ha reducido. De hecho, entre los años 2000 y 2006 fue cuando más vivienda se construyó en Puerto Rico y cuando más se encareció, según el Índice de Precios de Vivienda. Lo que sí es necesario es preservar y aumentar el inventario de vivienda asequible, el cual nunca ha sido suficiente para atender la demanda y necesidad, especialmente en áreas de empleos, servicios y amenidades”, lee la ponencia.
En la vista pública también se mencionó la influencia de los alquileres a corto plazo con relación al desplazamiento de las personas de lugares antes considerados como vivienda principal.
“Entre 2014 y 2020, en municipios costeros como San Juan, Luquillo, Rincón, Vieques y Culebra, entre otros, los alquileres a corto plazo (ACP) representaban entre un tres por ciento a más del 30 por ciento del total de unidades de vivienda disponible. En un estudio que trabajé junto a mi colega Deepak Lamba Nieves, del Centro para una Nueva Economía, el economista Enrique Figueroa Grillasca y la planificadora Ysatis Santiago Venegas, encontramos que los ACP pueden llevar a aumentos de alquiler y precios de compraventa de siete por ciento y 23 por ciento en promedio, respectivamente”, detalló el profesor de la UPR.
