La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lcda. Karla Angleró González, presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, impugnando una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que afecta el derecho al voto adelantado de electores en circunstancias especiales y que residen en casas de alojamiento, limitando injustamente su participación en el proceso electoral.
Angleró explicó que la solicitud presentada ante el Tribunal busca que se permita a los electores de voto adelantado en su modalidad domicilio incluir su dirección residencial temporal en el formulario de solicitud de voto adelantado. Esto para asegurar que el elector reciba la junta de balance para ejercer su derecho al voto en el lugar donde se encuentre el día de la elección, sin alterar su registro electoral oficial.
“No estamos solicitando cambios en el registro electoral. Estamos pidiendo que se respete la realidad de los electores que, por razones de salud o residencia temporal, no pueden estar en su domicilio registrado tal como lo permite el Art. 9.38 (h) del Código Electoral. Negar esta posibilidad es violar su derecho al sufragio”, afirmó.
Angleró destacó que la negativa de la CEE de aceptar las direcciones residenciales temporales para los electores que residen en una casa de alojamiento es un retroceso en el proceso de accesibilidad electoral. “La legislación actual fue diseñada precisamente para facilitar el acceso al voto a estos ciudadanos que enfrentan dificultades para llegar a sus colegios electorales. Esta resolución contraviene esa intención y coloca una carga innecesaria sobre los electores más vulnerables”, detalló.
En el recurso sometido, Angleró señaló que la solicitud de incluir la dirección residencial temporal en el formulario de voto adelantado ha sido mal interpretada por la CEE. La Comisión, influenciada por la Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, argumentó que permitir este tipo de modificación alteraría el registro electoral, lo que Angleró refutó categóricamente.
“Esto no tiene que ver con cambiar registros. Es una medida sencilla y lógica que busca asegurar que las personas reciban la visita de la junta de voto domicilio en el lugar donde se encuentran residiendo por las consideraciones especiales que estén enfrentando, garantizando así su participación en el proceso electoral”, explicó la comisionada.
Angleró también destacó las graves repercusiones que la decisión de la CEE podría tener en las próximas elecciones, advirtiendo que un número significativo de electores podría verse privado de su derecho al voto si no se toman medidas correctivas a tiempo. “De no corregirse esta situación, estaremos limitando la participación de ciudadanos que ya enfrentan suficientes obstáculos en su vida diaria. Es nuestra responsabilidad como funcionarios garantizar que ningún elector quede fuera del proceso por barreras administrativas”, subrayó.
“Solicitamos al Tribunal que revoque esta resolución injusta y ordene a la CEE a permitir que los electores puedan ejercer su derecho al voto. Esto no es solo una cuestión de procedimiento; es una cuestión de justicia y de equidad para todos los ciudadanos”, concluyó Angleró.
