Con un panel de cinco doctores que forman parte Physician Correctional, continúan las vistas en torno a la investigación sobre la excarcelación de Hérmes Ávila Vázquez, en la que la doctora encargada de evaluar al confinado dijo que no ordenó realizar pruebas de laboratorios, pues el paciente llegó con un diagnóstico de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y solo vio las notas y recetas que se le brindaron.
La doctora Deborah Arús, especialista que evaluó a Hérmes Ávila Vázquez, enfatizó que el confinado llegó al “dormitorio médico en el verano del 2021. Yo estoy en el dormitorio médico y sí, lo evalué. Hubo un día que la trabajadora social me dijo que él había solicitado el pase. Lo vi el 9 de agosto del 2021”. Posteriormente, añadió que, en su evaluación, vio que tenía una condición incapacitante.
Para la evaluación del convicto, la doctora no ordenó realizar laboratorios ni radiografías, puesto que Ávila Vázquez llegó con un diagnóstico del Fondo del Seguro del Estado, y solo vio las notas y recetas que se le brindaron.
Asimismo, Arús dijo que, aunque tenía potestad de realizar radiografías, no era necesario, pues contaba con una serie de expedientes anteriores que leían el mismo diagnóstico. Como parte de su labor, llamó al doctor Eduardo Nadal del Fondo del Seguro del Estado. El senador José Vargas Vidot, quien preside la audiencia pública, sostuvo que Nadal indicó, en una vista, que nunca se le solicitó el expediente.
“Yo vi el estudio del Fondo del Seguro del Estado, y confirma que no hay evidencia de fracturas ni nada incapacitante. Puede ser una condición limitante, pero no incapacitante”, dijo el senador, por lo que la doctora le solicitó que le compartiera, de ser posible, ese estudio.
“El Departamento de Corrección y Rehabilitación trabaja con la seguridad de los internos y la gente de afuera. Cómo es posible que yo pueda manejar un muñeco tan sensible si no leo las instrucciones [el reglamento]. El único documento formal que leen es su contrato”, dijo el senador a la doctora Arús, quien planteó que no tenía el reglamento para ese entonces.
Vargas Vidot cuestionó si Physician Correctional no les otorga un manual de procedimiento donde se incluyen las leyes, y la doctora Arús dijo que no. No obstante, la doctora Quiles, quien es generalista e inició sus labores en la empresa en el 2006, indicó que tienen un reglamento, y la práctica siempre ha sido la misma.
Por su parte, la doctora Quiles dijo que la función del panel médico es evaluar la información provista por el especialista, en este caso la doctora Arús, quien se encarga de recomendar la salida del individuo. Por tanto, el panel entiende que el especialista hizo todo lo concerniente como pruebas, laboratorios y radiografías antes de tomar la decisión.
“Nosotros recomendamos en la parte médica, pero no excarcelamos. Si las otras agencias no hicieron su trabajo, nosotros hicimos el nuestro. Pero lo que he escuchado en la prensa es como si nosotros lo hubiésemos excarcelado”, sostuvo el doctor Jeffry González, quien forma parte del panel médico.
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón comentó que “ante la opinión pública, la capacidad clínica de ustedes ha sido impugnada. Una persona puede engañarlos. Hay información en los documentos de la comisión, y al menos uno ha declarado que Hérmes Ávila caminaba a la fecha del examen que condujo su excarcelación”.
En cuanto al personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el técnico de servicio penal Erik Dávila Adorno dijo que se le asignó el caso de Ávila Vázquez para realizar un “breve informe” para investigar el plan de salida y el recurso familiar que propuso el confinado.
Asimismo, el supervisor de servicio sociopenal, Mario Vargas Robles, encargado de revisar los informes de los técnicos, dijo, en su ponencia, que el caso de Ávila Vázquez fue asignado a la señora Beauchamp en junio del 2023 para seguimiento mediante la Ley 25.
“Cuando nos llega a la luz el caso de Hérmes, verificamos el informe, y el título tenía como error ‘libertad bajo palabra’. Lo demás era sobre Ley 25”, indicó el encargado de la oficina, Efraín Afanador Vázquez. Los informes de libertad bajo palabra y los de Ley 25 tienen el mismo formato; solo cambian sus respectivos títulos.
Dávila Adorno dijo que entendía que era un caso de libertad bajo palabra, y no por Ley 25. Añadió que se enteró de que sometió lo que no era cuando ocurrió el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega. Por su parte, el supervisor de Dávila Adorno, el señor Vargas Robles, se responsabilizó por el error en el título del formulario.
Según Afanador Vázquez, Hérmes Ávila Vázquez, en un periodo de un año, fue seis veces a sus oficinas y en otras ocasiones fue visitado en su casa. Además, dijo que siempre acudió en silla de ruedas.
“Mi forma de trabajar esto siempre ha sido muy respetuosa. No hay una idea de perseguir, sino buscar dónde han estado los elementos que deben tomarse en consideración para provocar una transparencia en la otorgación de pases extendidos a personas que cumplen condenas por delitos que preocupan a la gente”, sostuvo Vargas Vidot.
El senador concluyó indicándole al personal sociopenal que deberán citarlos nuevamente.
