El Área de Pre-Intervención y Exámenes de la Oficina del Inspector General (OIG), identificó deficiencias en los procesos de contratación de servicios profesionales en la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (CCCPRC), luego de realizado un examen a la entidad.
De la información suministrada y evaluada, se encontraron situaciones en las que la CCCPRC pudo haber incumplido con las leyes y normas de contratación gubernamental. Las posibles deficiencias señaladas incluyen: pagos sin contratos vigentes; falta de estudio para determinar si el contrato representa un puesto; incumplimiento con la solicitud y certificación de estatus de elegibilidad para empleo en el servicio público de los presidentes o signatario del contrato cuando sea una persona jurídica; ausencia de cláusulas mandatorias; certificaciones requeridas o vencidas y; deficiencias en las cláusulas de contrato.
Durante el examen a los contratos formalizados desde 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2021 y las facturas y pagos evaluados, se observó que algunas de estas no son detalladas ni incluían los informes de labor realizada a pesar de que existe robusta legislación al respecto. Además, se encontró inconsistencia en la aplicación del descuento de la aportación especial del 1.5% y errores en 3 de las 5 declaraciones informativas, requeridas por las leyes aplicables y Departamento de Hacienda. También se encontró deficiencias de control interno en el área fiscal.
Las situaciones señaladas en el presente informe reflejan una cantidad aproximada de $7,406,502.14 correspondientes contratos otorgados, que contienen cuestionamientos de la OIG por incumplimientos a leyes y normativas aplicables a la sana administración pública.
La CCCPRC necesita mejorar su sistema de control interno para corregir las deficiencias identificadas en el cumplimiento con la contratación de los servicios profesionales y consultivos en el gobierno a tenor con las disposiciones legales vigentes.
La OIG emitió las recomendaciones a la emitidas para corregir las deficiencias y requerir capacitación compulsoria en materia de contratación gubernamental a su personal a cargo de formalizar contratos dentro de los próximos ciento veinte (120) días.
Conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley Núm. 15-2017, el Inspector General podrá imponer sanciones administrativas por violación a las normas, reglamentos, órdenes y recomendaciones emitidas por la OIG.
El informe fue publicado en la página electrónica de la OIG y está disponible a través de www.oig.pr.gov.
La OIG reitera el llamado a proveer información relacionada al mal manejo de fondos públicos a través de la línea confidencial 787-679-7979 o través del correo electrónico informa@oig.pr.gov
