El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia impugnando la validez de la nueva tarifa impuesta por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El aumento que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2022, representa un alza de 5 % a todos los consumidores del país, informó José L. Pou Román, asistente de la asesoría legal del ICSE.
Según Pou, el ICSE le requirió al Tribunal que declare nulo el procedimiento de revisión tarifaria por este ser contrario a la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, también conocida como la LPAU (Ley 38-2017). La AAA descansó en una ley de hace 37 años para imponer la nueva tarifa ignorando así la ley más reciente que aplica a todos los procedimientos administrativos. Esta ley, la Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas (Ley 21-1985), no permite la revisión judicial de las tarifas dejando así desprovista a la ciudadanía de poder reclamar ante un tribunal su validez.
Al usar la antigua Ley-21, la AAA aumentó la tarifa evitando que la ciudadanía pudiera confrontar la información de la agencia ni presentar su propia evidencia. “La única evidencia del récord público para justificar un aumento de esta magnitud fue la escasamente provista por la propia AAA”, expresó el asesor legal del Instituto, el Lcdo. Manuel Fernández.
En su misión de proteger y viabilizar el sano desarrollo económico, el ICSE requirió también en su recurso que, en futuras revisiones tarifarias, la AAA se asegure de cumplir los parámetros establecidos por la LPAU. De esta manera, se asegura que las revisiones tarifarias tengan mayor transparencia y participación ciudadana. De acoger el Tribunal el recurso presentado por ICSE, la AAA tendrá que celebrar un procedimiento de revisión nuevo bajo la LPAU, en donde se permita a todos los puertorriqueños presentar evidencia a su favor, confrontar los testigos de la AAA y poder acudir al Tribunal de quedar inconformes con la nueva revisión tarifaria.
