La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad no gubernamental, que tiene como misión realizar una auditoría ciudadana de la deuda junto a la organización ambiental, El Puente-Enlace Latino de la Acción Climática presentaron un Recurso Especial de Acceso a la Información Pública en el Tribunal de Primera Instancia contra el Departamento de Hacienda y Departamento de Recursos Naturales requiriendo la entrega de información sobre el uso de unos fondos especiales para la protección ambiental que pudieron ser transferidos para el pago de la deuda.
“Como parte de sus trabajos, la Comisión Ciudadana se encuentra colaborando con El Puente con miras a estudiar el impacto que el proceso de endeudamiento público de Puerto Rico, y las medidas de austeridad adoptadas durante los pasados 20 años, han tenido sobre la protección ambiental en Puerto Rico y sobre la capacidad del Gobierno para cumplir y ejecutar políticas públicas sobre conservación y protección ambiental.” expresó Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.
Por su parte Federico Cintrón Moscoso, director de programa del Puente añadió que, como parte de la investigación, la Comisión Ciudadana solicitó el pasado 25 de mayo de 2022 al Departamento de Hacienda y al Departamento de Recursos Naturales información sobre el depósito, manejo y transferencias de varios fondos especiales para la conservación ambiental. Según fue denunciado por varias organizaciones ambientales el pasado año, se estaría transfiriendo un sobrante de fondos especiales para la conservación ambiental hacia un fondo nuevo creado por la Junta de Control Fiscal para el pago a los bonistas. El director destacó que la información es crucial para ayudar a entender cómo la crisis fiscal y el pago de la deuda tiene impacto en la conservación y protección de nuestros recursos naturales.
“El Departamento de Hacienda hizo entrega parcial de la información y el Departamento de Recursos Naturales no ha respondido ninguna de nuestras comunicaciones en clara violación a lo dispuesto en la Ley de Transparencia de Puerto Rico y al derecho constitucional de acceso a la información pública que rige en nuestro país, por lo que nos vimos forzados a presentar este recurso legal en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.” añadió la Licenciada Prados Rodríguez.
