La Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público expresó preocupación sobre la reciente postura asumida por AAFAF de contratar a la compañía de asesores financieros Houlihan Lokey para, alegadamente, lograr un acuerdo consensuado con los bonistas opositores al Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentado por la Junta de Control Fiscal.
“Según los propios registros públicos, Houlihan Lokey fue asesora financiera del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE desde el 2014 hasta la quiebra bajo el Título III de PROMESA. Además, surge en el registro de las vistas congresionales que en el 2015 se opusieron a que Puerto Rico tuviera acceso a un proceso de quiebra y reestructuración de sus deudas. Un asesor de este tipo, a favor del acreedor, sólo buscará un acuerdo que beneficie a un grupo de bonistas que no quiere reconocer la situación precaria que se encuentra el sistema eléctrico de Puerto Rico sino que hace ofertas y pedidos fuera de la realidad económica del País.”, explicó la Lcda. Eva Prados Rodríguez, Directora Ejecutiva y portavoz de la Comisión.
Prados detalló que, aunque coincidimos con el gobierno en querer lograr una resolución del proceso de quiebra de la AEE, esta no puede ser aceptando las condiciones de los fondos buitre más agresivos que ha visto la propia Junta de Control Fiscal en todo el proceso de quiebra.
“El grupo de fondos buitre opositores del Plan de Ajuste de la Deuda, propuesto por la Junta de Control Fiscal, y dirigido por Golden Tree, está insistiendo en un nuevo cargo en la tarifa de la luz de más de 6 centavos por kWh sólo para el pago de la deuda, lo que significa un aumento de casi 25% en la tarifa actual por décadas”, puntualizó la Licenciada Prados, portavoz también de la campaña No más Aumentos a la Luz.
Todos los sectores en Puerto Rico debemos seguir insistiendo frente al Tribunal Federal que el país no aguanta un aumento más en la tarifa de la luz para el pago a los bonistas buitres.
“Son las acciones de los propios bonistas buitres las que demuestran su poca disposición para negociar y como han hecho, en otras ciudades con crisis económicas, utilizan el litigio para hacer presión. No se puede pagar lo que los bonistas están reclamando. Aumentar el pago de la tarifa básica durante las próximas décadas, implicaría un golpe salvaje a la economía y desviaría dinero necesario para la restauración del sistema eléctrico al pago de los bonistas, dejando a Puerto Rico en pobreza y con un sistema eléctrico disfuncional”, concluyó.
