El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, junto al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez y el presidente de la Junta de Directores de la AAPP, Omar Marrero, informaron hoy la aprobación, tanto en la Junta de Directores de la AAPP como en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la extensión del periodo del acuerdo suplementario bajo el cual la empresa Luma funge como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla.
“Cabe señalar que esta extensión no es una nueva transacción creando una alianza público-privada para la administración de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es cuando la Junta de Directores de la Autoridad de las APP tiene ante su consideración una transacción de esta naturaleza que la Ley 120 del 2018 que regula la transformación energética en Puerto Rico requiere el voto afirmativo de los miembros de su Junta que representan el interés público. La extensión del acuerdo suplementario obliga a LUMA a continuar administrando y mejorando el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico hasta tanto la Autoridad de Energía Eléctrica complete su proceso de reestructuración de deuda”, sostuvo el gobernador Pierluisi.
Se explicó que el proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en curso puede acabar de dos formas. Por un lado, el Tribunal puede confirmar un plan de ajuste de deuda para la Autoridad o desestimar la petición de restructuración ante su consideración. Si el tribunal confirma un plan de ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica entonces entrarían en vigor todas las disposiciones del contrato de 15 años entre la Autoridad de las APP, la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA que se firmó a mediados del 2020. En ese momento, cambiará la cuantía del pago a la empresa y se establecerá un sistema de bonificaciones o penalidades a LUMA a base de su desempeño. En caso de que el Tribunal federal desestima la petición de quiebra de la Autoridad, LUMA tendría que continuar rindiendo sus servicios conforme a un plan de transición que ya ha sido acordado por las partes y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.
“Todos queremos que se logre la transformación de nuestro sistema eléctrico a uno moderno, resiliente y a base de fuentes de energía renovable. Todos queremos que se agilice la reconstrucción y modernización de nuestra red eléctrica para que tengamos un servicio confiable. Todos queremos que tanto LUMA como la Autoridad de Energía Eléctrica mejoren su desempeño para tener un servicio eléctrico más estable. Todos queremos que se realicen los proyectos de energía solar a gran escala que están en proceso para que tengamos suficiente generación de energía de fuentes renovables”, puntualizó el primer ejecutivo.
Los funcionarios reiteraron que la cancelación del contrato tendría implicaciones negativas económicas para Puerto Rico, como por ejemplo, los costos de cancelación se han estimado entre $300 y $600 millones en lo que un nuevo proceso de APP se lleva a cabo.
El gobernador recordó que aún con esta extensión, a LUMA se le puede cancelar el contrato si incumple sustancialmente con sus obligaciones y que no corrige ese incumplimiento en el tiempo establecido en el contrato. Igualmente, el Negociado de Energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a LUMA si su desempeño se aparta de las mismas o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico.
“De ahora en adelante todos nos tenemos que enfocar en mejorar nuestro sistema. En eso es que estaremos enfocados”, concluyó el primer ejecutivo.
