Con el fin de que la comunidad inmigrante tenga conocimiento de todos los servicios que le ofrecen entidades públicas- a nivel estatal-municipal y federal, así como del tercer sector local e internacional, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto del Senado 1357 que ordena a la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico, adscrita al Departamento de Estado, a crear un catálogo impreso y digital con el listado de las entidades que les ofrecen diversas ayudas.
El catálogo, según lo dispuesto en la nueva ley, deberá contener el nombre de las organizaciones y de las agencias gubernamentales, los servicios de apoyo que ofrecen, dirección física y postal, número de teléfono y correo electrónico.
Del mismo modo, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 1358 que crea la Ley de Sensibilización hacia la Comunidad Inmigrante en la Prestación de Servicios del Gobierno para fortalecer la prestación de servicios de las tres Ramas de Gobierno hacia los inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Por lo tanto, los empleados de las Ramas Ejecutiva- Legislativa y Judicial deberán recibir adiestramientos relacionados a conocer de cerca las necesidades particulares, derechos humanos y civiles que cobijan a los inmigrantes. Estos adiestramientos deberán ser organizados, en el caso de la Rama Ejecutiva por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y su Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (IDEA) así como en la Oficina de Ética Gubernamental. En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, será la Oficina de Servicios Legislativos el ente a cargo mientras que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, a través del sistema de educación judicial, hará lo propio.
Estas nuevas leyes, se unen a los esfuerzos de la Administración del gobernador Pierluisi a favor de la comunidad inmigrante. Esta semana el primer ejecutivo dio a conocer que, a partir de los próximos días, las mujeres embarazadas con estatus migratorio no definido podrán ser parte de la cobertura médica del Plan Vital.
Otra medida firmada por el gobernador es el Proyecto del Senado 808 que enmienda el Código Político de Puerto Rico, para aclarar el momento desde el que comienza a cursar el término de los funcionarios designados por el gobernador de Puerto Rico y confirmados por el Senado, o la Asamblea Legislativa; y para disponer sobre la notificación que deberá realizar el gobernador a la Asamblea Legislativa. Por otra parte, Pierluisi también firmó el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 575 y al Proyecto de la Cámara 382 que dispone que una persona que haya sido separada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o del Negociado de la Policía de Puerto Rico bajo condiciones deshonrosas no podrá obtener una licencia de armas en Puerto Rico. Además, que será requisito para solicitar o renovar una licencia de armas, tomar un curso sobre el uso y manejo de armas de fuego con un instructor certificado y cualificado por el Negociado de la Policía. Tampoco se podrá establecer un club de tiro cerrado a una distancia menor de trecientos metros de la berma final o parabalas hasta el plantel escolar, los campos de tiro tendrán que cumplir con amortiguadores de sonido y se ordena que no se podrá establecer club o campo de tiro abierto a una distancia no menor de un radio de una milla de un plantel escolar con excepción de clubes de tiro preexistentes a la promulgación de esta Ley.
También, es ley la Resolución Conjunta del Senado 304 que ordena al Departamento de Agricultura a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones de la finca Martineau en el barrio Florida de Vieques a favor de Carlos Sanes García y Crescencia Santos Martínez.
Por otra parte, y debido a que actualmente el Gobierno central está desarrollando un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el gobernador informó a los presidentes legislativos, el veto al Proyecto de la Cámara 1894.
“Actualmente, el diseño y desarrollo de un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encuentra en sus etapas finales, por lo que resulta adecuado y conveniente que este esfuerzo concluya para que se atemperen los salarios de la corporación a las realidades del mercado laboral. Dado los avances de estas gestiones, el P. de la C. 1894 se presenta como una interrupción al cauce en curso de esta gestión gubernamental. Una vez concluido este proceso, estaríamos dispuestos a firmar una medida que le dé fuerza de ley. Mi Administración continuará impulsando esfuerzos para compensar justa y adecuadamente a todos los empleados públicos dentro de las realidades fiscales del gobierno y de las corporaciones públicas, incluyendo los de la AAA, sin afectar la tarifa que pagan todos los abonados por el servicio de agua potable”, sostuvo Pierluisi.
Sobre el Proyecto de la Cámara 1436, que perseguía devolver al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) el procedimiento para la elección del representante de los clientes en la Junta de Gobierno de la AAA, el gobernador dijo estar de acuerdo con la iniciativa, pero “conforme está redactada la medida me veo imposibilitado de impartirle mi firma”.
“Primero, aunque el Proyecto de ley, en su título y Exposición de Motivos, aduce al procedimiento establecido para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el texto finalmente aprobado no corresponde a la adopción de mecanismos provenientes de la Ley Orgánica de la AEE. En referencia a los criterios mínimos de trasfondo educativo y profesional que deben tener los directores independientes a ser nombrados por el gobernador se indica el campo de la ‘ingeniería eléctrica, lo cual surge de un calco a la Ley Orgánica de la AAA en el 2016. Esto replicó disposiciones de una enmienda del mismo año a la Ley Orgánica de la AEE, sin atemperar completamente su contenido a las características de la AAA. De otra parte, la pieza legislativa no tiene un lenguaje claro en cuanto a disposiciones que aplican a abonados comerciales o industriales cuando estos son personas jurídicas. Esta es una inadvertencia fundamental que no puedo favorecer, pues es la política pública de este gobierno poder ofrecer la misma calidad de servicio para todos los clientes de las corporaciones públicas”, indicó el gobernador.
“Finalmente, no estoy de acuerdo con la eliminación total del informe trimestral a la Oficina del Procurador del Ciudadano. Es importante que dicha disposición permanezca en nuestro ordenamiento jurídico porque de esta manera se visibilizan las aportaciones del representante del interés de los clientes en la Junta de Gobierno de la AAA”, concluyó el gobernador.
