Con el objetivo de salvaguardar, proteger y garantizar el bienestar de los menores en procesos judiciales, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció hoy que firmó el Proyecto del Senado 344 que enmienda y añade incisos a la Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores.
La medida dispone que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre los que tienen entre 13 y 18 años y se establecen procedimientos alternos para quienes no hayan cumplido los 13 años. También, se requiere el agotamiento de remedios administrativos en el sistema de educación pública o privada cuando la situación elevada a la consideración del foro judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa. De igual forma, se prohíbe el uso de restricciones mecánicas en los procedimientos de menores y se regula el proceso para determinar en qué casos, de manera excepcional, podrán ser utilizadas las mismas.
Además, se prohíbe el uso del informe social previo o durante la vista adjudicativa, el confinamiento en solitario y el uso de gas pimienta contra menores durante el periodo carcelario. A su vez, será compulsorio el uso de intérpretes durante la etapa administrativa. Igualmente, se atemperarán los términos para la celebración de la vista en determinación de causa probable para la radicación de querellas y se reducirán los términos para la celebración de vistas en alzada tanto en los casos de menores bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles como para los menores cuya custodia es de los padres-madres y/o encargados. También, entre otras cosas, se eliminan las renuncias de jurisdicción automáticas y se limitan las renuncias de jurisdicción a casos de asesinatos y agresiones sexuales.
“Siempre he apoyado los procesos que propendan la rehabilitación, sobre aquellos con enfoque punitivo. En el caso de los menores es todavía más evidente la importancia de que estos tengan procesos justos y que se promueva la rehabilitación. Como gobierno y como sociedad tenemos que procurar que los menores cuenten con las herramientas necesarias que les ayuden a reivindicarse y así tener un mejor futuro lejos de las cárceles y el crimen”, sostuvo el gobernador Pierluisi.
Los Departamentos de Justicia, Familia y Seguridad Pública, así como la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), favorecieron el Proyecto senatorial.
También, el primer ejecutivo firmó el Proyecto de la Cámara 195 que al enmendar la Ley del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) permite, entre otras cosas, que quien dirija la agencia ocupe el puesto por seis años, y hasta que su sucesor tome posesión del cargo. Se tomará en cuenta la preparación académica y técnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar el cargo.
De hecho, se establece que mientras dure el nombramiento, no podrá dedicarse a gestiones de negocios particulares o profesión alguna.
Quien ocupe el cargo de director ejecutivo debe ser un científico o científica forense cualificado con un doctorado de una institución superior acreditada por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) en una de las disciplinas forenses reconocidas por la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). También, poseer las debidas certificaciones o acreditaciones de la Junta, Colegio o Consejo (American Board) de su especialidad (en caso de que aplique) y tener, al menos, tres años de experiencia ocupando puestos de similar responsabilidad en una institución forense.
“Desde que comenzó mi administración me he asegurado que la doctora María Conte, directora ejecutiva del ICF, tenga los recursos que necesita para mantener los más altos estándares de servicio en el Instituto de Ciencias Forenses. Hemos visto cambios favorables en cuanto a la administración y avances tecnológicos en la agencia. Con esta nueva ley que firmé, el ICF tendrá mayor flexibilidad administrativa y fiscal eliminando pasos burocráticos y dando la estabilidad necesaria con una persona al mando durante seis años”, comentó el primer ejecutivo.
Precisamente, el pasado mes de mayo, el gobernador Pierluisi y la directora ejecutiva de Ciencias Forenses anunciaron que la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) logró la acreditación de la National Association of Medical Examiners (NAME) al cumplir con altos y rigurosos estándares de calidad establecidos por la entidad acreditadora. También, hace unas semanas se dio a conocer que el Instituto cuenta con una renovada y acondicionada sala de autopsias que permitirá que patólogos y personal técnico realicen sus trabajos con equipos modernos y seguros. También, que con la nueva tecnología de FARO en formato 3D y de 360 grados se podrán capturar imágenes exactas en investigaciones criminales lo que a su vez agilizará las pesquisas de homicidios.
El año pasado se informó que el ICF analiza en su laboratorio de ADN, y en un término máximo de 10 días laborables las pruebas para detectar evidencia genética en casos de agresión sexual, conocidas como safe kits, luego de la adquisición de nueva tecnología Rapid DNA.
Otras dos medidas que el gobernador firmó son las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 309 y 125. Al darle paso a la Resolución 309, Pierluisi autorizó reasignar al municipio de Camuy $50 mil provenientes de la Resolución Conjunta 100-2019 para obras y mejoras permanentes. Por otra parte, con la Resolución 125 se ordena a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, a la Junta de Planificación y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a gestionar la inclusión en el Registro Nacional de lugares Históricos del Servicio Nacional de Parques del Departamento del Interior de los Estados Unidos, al Templo Parroquia San Francisco de Asís en Aguada.
