La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico publicó los resultados de un estudio sobre el cumplimiento de las entidades gubernamentales con las normativas de gobernanza tecnológica vigentes, el cual reflejó la necesidad de incrementar el uso de inteligencia artificial como herramienta para mejorar la eficiencia y reducir costos, fortalecer las redes internas y externas, optimizar el manejo de vulnerabilidades y asegurar la continuidad operacional e interconexión de los sistemas de información del Gobierno.
El estudio se realizó conforme a la Carta Circular Conjunta OIG-CC-2024-01 y 2024-02, emitida por la OIG y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La intervención abarcó un total de 90 entidades, además de sus dependencias adscritas, lo cual constituye el esfuerzo más abarcador realizado hasta la fecha en Puerto Rico para medir la madurez tecnológica del aparato gubernamental bajo criterios uniformes.
El objetivo del estudio es facilitar la optimización del uso de los recursos tecnológicos en las entidades gubernamentales, mediante la identificación sistemática de fortalezas, deficiencias y áreas de oportunidad, según se detalla en el informe especial.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es la necesidad de aumentar la adopción y uso de inteligencia artificial en el gobierno. Al momento de completar los cuestionarios, solo el 7% de las entidades reportaron utilizar soluciones basadas en IA para mejorar la eficiencia de sus servicios o reducir costos operacionales. Esta cifra evidencia una gran oportunidad de transformación digital que aún no ha sido plenamente implementada a pesar de la gran variedad de herramientas existentes.
La intervención resaltó también la necesidad de establecer controles más rigurosos, actualizar las políticas internas y fortalecer las capacidades operativas de las entidades para mitigar riesgos tecnológicos y garantizar la continuidad de sus operaciones.
En relación con las deficiencias en la seguridad de las redes y sistemas cibernéticos de las agencias, la OIG evaluó las medidas de protección implementadas y determinó que más de 40 entidades no pudieron presentar evidencia de evaluaciones de vulnerabilidad dirigidas a conocer los riesgos de los sistemas. Al mismo tiempo, destacó la falta de políticas de retención de datos y de encriptación de archivos; la ausencia de simulacros periódicos para responder a amenazas cibernéticas; y la falta de interconexiones efectivas entre los sistemas de información de las agencias y otras entidades.
Por otra parte, el informe examinó la accesibilidad de los portales web de las agencias gubernamentales, así como las acciones tomadas para garantizar una gestión eficiente del contenido digital. De las 90 entidades evaluadas, 69 no cuentan con un Sistema de Gestión de Contenido (CMS) y 45 no cuentan con evaluación de accesibilidad de PRITS.
“Se identificaron áreas donde las entidades gubernamentales mantienen los niveles de cumplimiento adecuados, tales como el cumplimiento normativo general, la gestión de inventarios tecnológicos, la planificación de proyectos y la administración de los recursos humanos vinculados a la tecnología. No obstante, incluso en esas áreas, se observaron oportunidades de mejora dirigidas a reforzar la documentación de procesos, implementar evaluaciones periódicas de riesgos, fortalecer los mecanismos de respaldo y almacenamiento de información, y modernizar la infraestructura tecnológica”, detalló el informe de la OIG.
Los resultados de la OIG surgieron luego de que 90 entidades bajo su jurisdicción completaran un cuestionario sobre gobernanza tecnológica, a través de sus oficiales principales de informática (OPI) o funcionarios con funciones similares. El estudio abordó diversos asuntos críticos, entre ellos: el inventario de equipos y licencias de software, los equipos a ser reemplazados o adquiridos, los planes de proyectos tecnológicos, la protección de la infraestructura y los datos, la ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial, entre otros.
