El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Orville M. Disdier Flores, denunció hoy en vista pública que el atraso en la producción de los informes anuales de estadísticas vitales por parte del Departamento de Salud pudiera afectar la producción de nuevo conocimiento sobre asuntos socioeconómicos y salubristas de Puerto Rico.
El IEPR exigió por segunda ocasión el pasado 10 de enero de 2023, a través de una misiva dirigida al secretario de Salud, Carlos Mellado López, la entrega de los Informes Anuales de Estadísticas Vitales correspondientes a cada año natural del periodo 2017-2020.
“Actualmente, la única información que está llegando al Instituto son los datos preliminares de registro de muertes… Desde el 2016, no hemos recibido las estadísticas vitales que incluyen información sobre mortalidad, nacimientos, matrimonios y divorcios en Puerto Rico. Hemos exigido múltiples veces a Salud que produzca esa información de forma inmediata. Entendemos que es inaceptable el retraso, pues el no tener esa información vital, pudiera afectar la economía, la composición social y la planificación estratégica”, destacó Disdier Flores.
A preguntas del representante Luis R. Ortiz Lugo, presidente de la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia, el gerente senior del IEPR, Alberto Velázquez Estrada añadió que la falta de datos vitales pudiera afectar el desarrollo de nuevos estudios socioeconómicos y epidemiológicos en la isla.
Disdier Flores señaló que su agencia recibió el pasado 2 de noviembre de 2022 por parte del Departamento de Salud respuestas incompletas a los datos solicitados relacionados a las Estadísticas Vitales correspondientes al periodo 2017-2020. En la más reciente misiva enviada, el Instituto apunta que “de no proveerse la información aquí requerida, el Instituto podrá acudir a los tribunales o foros competentes para hacer cumplir los propósitos de la Ley Núm. 209 y el Reglamento”, rezó la comunicación escrita firmada por el director ejecutivo.
Por otro lado, en la vista pública, Ortiz Lugo preguntó al personal del Departamento de Salud sobre cuál es el problema que afecta la producción de los datos vitales. El asesor en estadísticas vitales y asuntos demográficos de la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo del Departamento de Salud, Jonathan Morales González, destacó que el problema principal es la falta de personal. “Ahora mismo yo soy el único demógrafo en la oficina”, comentó.
“Es necesario que el Secretario de Salud haga el esfuerzo de satisfacer las necesidades de recursos humanos en la agencia para que se pueda producir esta información vital que es obligación y política pública del Departamento”, señaló Ortiz Lugo.
Agencias apoyan con enmiendas la creación de nuevo protocolo para determinar muertes relacionadas a eventos catastróficos
En vista pública se atendió también el Proyecto del Senado 524, que busca crear la “Ley del Protocolo para la Determinación de la Causa y Manera de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos”.
Los Institutos de Ciencias Forenses (ICF) y Estadísticas (IEPR), y los Departamentos de Salud y Seguridad Pública presentaron ponencias que sugieren varios cambios a la legislación bajo consideración.
La directora ejecutiva del ICF, María S Conte Miller argumentó que el texto debe sufrir enmiendas para aclarar el alcance del formulario que se propone para evaluar y clasificar casos de muerte por factores relacionados a eventos naturales y catástrofes.
Al mismo tiempo, Conte Miller destacó que el formulario, que propone el proyecto, “debidamente enmendado” permitirá tener datos estadísticos confiables para la adopción de políticas públicas o medidas que se utilizarán prospectivamente. “Eso es un paso de avanzada y en la dirección correcta”, dijo.
Por su parte, el Departamento de Salud mostró preocupación también sobre el inciso c del Artículo 4 del Proyecto, que establecería que el médico enviará el expediente del paciente al ICF para el correspondiente análisis. “Nos surge la interrogante si, en efecto, este inciso se refiere a todas las muertes, es decir, las muertes naturales y no naturales, que ocurran durante una declaración de emergencia”, cuestionó Salud.
“Si es así, esta medida debe venir acompañada de unas guías de implementación y asignación de presupuesto estimado, pues al enviar al ICF para análisis de que toda muerte que ocurra durante una emergencia se podrá ver con limitaciones entre la cantidad de casos pendientes y sus recursos. A toda vez, esto podría crear un atraso en los datos que deben ser reportados al Registro Demográfico”, rezó la ponencia firmada por Mellado López.
Por su parte el Departamento de Seguridad Pública indicó que la medida persigue un fin loable, sin embargo, añadieron “que para lograr que el ICF cuenta con estadísticas confiables para poder determinar si se cumple con los parámetros de que el deceso es a consecuencia de un desastre natural, sería meritorio evaluar el que se pueda coordinar esa función con los gobiernos municipales y su Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME).
