El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado destacó hoy, jueves, en vista pública, que la institución operaría bajo un déficit de $27 millones de cara el próximo año fiscal 2023-2024, lo que afectaría aún más los servicios directos que ofrecen a los estudiantes.
Según el funcionario, la institución está confiada que puede cubrir esta deficiencia haciendo uso de otros fondos de autogestión en cada una de las unidades universitarias que presentan la necesidad presupuestaria.
“Aún con las reducciones en gastos de nóminas y otros ahorros, el presupuesto del Fondo General de la Institución es insuficiente. Aumentos extraordinarios como el de energía eléctrica han ocasionado que las unidades del sistema operen sin espacio de maniobra”, señaló Ferrao Delgado.
Según un memorial explicativo sometido por el presidente de la UPR, el déficit corresponde, principalmente, a la UPR de Río Piedras (UPRRP), el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el Servicio de Extensión Agrícola, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) y las unidades de Utuado, Carolina, Arecibo y Ponce.
En detalle, Ferrao Delgado indicó que el déficit de 27 millones corresponde a la diferencia entre el presupuesto enmendado del 2022 ($773,802,000) y el gasto proyectado anual para el año fiscal 2022-2023 ($801,040,215).
Al mismo tiempo, el presidente de la UPR informó en detalle el presupuesto solicitado para el próximo año fiscal 2023-2024. En total, la institución ha presentado una petición monetaria ascendente a más de $793 millones para cumplir con sus obligaciones operacionales y los servicios que ofrece a los estudiantes y a la ciudadanía.
La cantidad que alcanza los $793 millones se divide en aportaciones irrestrictas del gobierno, de ingresos propios y provenientes de la Ley Núm. 36 del 2015, conocida como la “Ley de Tragamonedas”.
Adicional, a través de Resoluciones Conjuntas, la UPR solicita para el 2023-2024 la asignación de $71,519 para sufragar múltiples gastos relacionados al Centro de Trauma del RCM, el funcionamiento del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, gastos de funcionamiento de horas de la Red Sísmica de Puerto Rico, entre otras iniciativas y programas.
Por otra parte, Ferrao Delgado sentó una crítica a la interpretación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la aportación base de $500 millones que fueron negociados por la Asamblea Legislativa y el gobierno en el plan de ajuste de la deuda (Ley 53 del 2021).
“Esta ley (Ley 53 de 2021) fijó la aportación gubernamental en $500 millones. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal, en su interpretación de la ley, incluyó como parte de los $500 millones las resoluciones conjuntas que financian los servicios directos que se brindan a la ciudadanía como la red sísmica, el programa de internos residentes entre otros. Siendo este el caso la aportación irrestricta se convierte en $441 millones, que fue lo aprobado para el año fiscal 2022-2023”, indicó Ferrao Delgado.
Según el presidente de la UPR, la interpretación de la Junta interfiere “evidentemente” con la intención legislativa. Por otra parte, Ferrao Delgado insistió que el plan fiscal aprobado por el gobierno mantiene la cifra de $441 millones “lo cual no es suficiente para operar la institución”.
“La UPR ha sido sumamente responsable en el cumplimiento de los planes fiscales y presupuestos aprobados por la JSF. Se ha argumentado, principalmente por la Junta, que la UPR no se ha movido en la dirección de reducción de costos, diversificación de ingresos y medidas de transformación necesaria”, señaló.
Ferrao Delgado indicó que la interpretación de la Junta es “demostrablemente incorrecta” con el hecho de que aún con la reducción del 42 por ciento en las apropiaciones del gobierno, “la UPR ha podido mantener los gastos a los niveles autorizados por la Junta”.
“Por más de 10 años (estudiantes y profesores) no han visto mejoras que compensen el factor inflacionario y ni mencionar su valor como profesional por las competencias adquiridas. Al contrario, vieron una disminución y restricción de sus beneficios de forma continua. Por otro lado, nuestros estudiantes han experimentado aumentos de matrícula en 175 por ciento mientras los servicios que reciben y la experiencia estudiantil se han visto afectada por presupuesto insuficientes. Ni los estudiantes, ni los empleados pueden seguir cargando con la peor parte”, recalcó.
El presidente de la UPR destacó por segunda ocasión la necesidad de que aprueben $631 millones como asignación irrestricta para la institución. Actualmente, la cantidad irrestricta considerada es de $500 millones.
En vista pública, los representantes PNP, José “Pichy” Torres Zamora y Luis “Junior” Pérez Ortiz defendieron las asignaciones acordadas ($500 millones) en el plan de ajuste de la deuda.
“La Junta no puede venir ahora a reducir los $500 millones que formaron parte de la negociación para aprobar el plan de ajuste de deuda… No es justo para el país reducir la partida acordada a $441 millones es venir con las manos sucias a negociar”, recalcó Torres Zamora.
Por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli presentar argumentos en defensa de la autonomía universitaria y la protección de las partidas para fortalecer los servicios que ofrece la UPR a la ciudadanía.
En vista pública también participaron directivos de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ambas instituciones denunciaron que las partidas presupuestarias recomendadas por la JSF son sustancialmente inferiores a los fondos solicitados para operar de manera óptima.
Durante un turno inicial, el presidente de la Comisión, Jesús Santa Rodríguez destacó que la función de la vista pública “es conocer de antemano las partidas presupuestarias solicitadas por las distintas agencias de gobierno antes de que el presupuesto del país para el próximo año fiscal sea aprobado”.
