La comisionada residente, Jenniffer González Colón, abrió su agenda legislativa en el nuevo Congreso 118, radicando cinco medidas que impulsan la igualdad en programas federales de asistencia para mejorar la calidad de vida de los residentes del territorio de Puerto Rico.
“Por nuestra condición colonial, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico estamos excluidos de algunos programas de asistencia. Indiscutiblemente, el remedio está en la Igualdad que da la Estadidad. Sin embargo, presentamos estas medidas que además de resaltar lo indigno del estatus actual buscan aliviar la carga a nuestra población más vulnerable y permitir el acceso a herramientas para mejorar la calidad de vida”, expresó la primera mujer en representar a Puerto Rico en el Congreso.
La primera medida, Supplemental Security Income Equality Act, busca extender el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a los residentes de Puerto Rico. El SSI es un programa federal de asistencia económica que ayuda a individuos con condiciones que afectan el que él o su familia pueda generar ingresos suficientes para vivir. Las personas que cualifican para recibir esta ayuda son aquellos de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales, o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral, síndrome Down, esclerosis entre otras condiciones.
La congresista ha abogado por la aplicación del SSI para Puerto Rico en distintos foros, además de por medios legislativos, en los tribunales federales ha radicado el recurso de amiga de la corte en todas las etapas del procedimiento y ha emplazado al presidente Biden a que cumpla con sus promesas de campaña con los puertorriqueños.
La segunda legislación, Puerto Rico Nutrition Assistance Act, traza la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El programa del PAN cuenta con una cantidad de fondos fija que no permite que el programa se ajuste automáticamente a cambios en demanda. Estos son particularmente notables luego de emergencias, como los huracanes y la pandemia, que tienden a aumentar la participación en el PAN. De igual forma, este programa ofrece menos beneficios mensuales comparado con los de SNAP.
El proyecto autoriza un periodo de 60 días para que Puerto Rico presente al Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) un plan de operaciones y otro de transición para SNAP. USDA estaría requerido de ofrecer asistencia técnica durante este periodo para maximizar que el proyecto sea uno viable.
Por su parte, USDA luego cuenta con 180 días, o 6 meses, para avaluar el plan y determinar si cumple con los requisitos y regulaciones de SNAP, de cumplir el secretario de USDA tiene 60 días para certificar al Congreso que Puerto Rico cumple con los requisitos y puede operar dicho programa. Luego de esto, la Isla estaría en SNAP durante el primer año fiscal que comience un año luego de la certificación, para permitir un ciclo presupuestario que garantice los fondos necesarios.
La medida autoriza un periodo de hasta 5 años donde USDA podría continuar el programa del PAN en lo que se instala completamente el SNAP y así proteger los servicios a los beneficiarios durante la transición.
La tercera medida, Earned Income Tax Credit Equity for Puerto Rico Act, busca que los trabajadores en Puerto Rico reciban el Crédito Contributivo por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). En la ley conocida como el American Rescue Plan Act of 2021 (Ley ARPA), se logró incluir una subvención federal de $600,000,000 anuales para subsidiar el programa de EITC local, establecido por el Gobierno de Puerto Rico. La experiencia ha demostrado que, debido a que la subvención tiene un tope, la misma ha resulta insuficiente para cubrir lo que se suponía fuese la aportación federal; esto ha requerido que la aportación local sea mayor que la proyectada, incrementando el costo del programa para el Gobierno de Puerto Rico. Además, el tope de la subvención federal ha resultado en un crédito contributivo mucho menor que EITC federal disponible para los residentes de los Estados. La comisionada busca con esta legislación que se le extienda a Puerto Rico al mismo programa federal de EITC disponible en los Estados, como ya se hizo con el Crédito Tributario por Menor (CTC, sor sus siglas en inglés).
El EITC es un crédito contra la contribución sobre los ingresos que contribuye a erradicar la pobreza, al incentivar el empleo y desalentar la dependencia en el estado, proveyendo un alivio a las familias con ingresos bajos o moderados.
González Colón enfatizó que a pesar de que Puerto Rico se define como un Estado a través del Título 10 y las Regulaciones para TRICARE, en realidad no brinda el mismo acceso a TRICARE a los ciudadanos americanos que lucharon por su nación residentes en la isla. Por eso radicó el TRICARE Equality Act.
TRICARE Prime es un modelo de plan médico con mejores y más rápidos servicios para el beneficiario. La medida requeriría a que el Secretario de Defensa trate a Puerto Rico como un estado para efectos de TRICARE Prime bajo todas las categorías de beneficiario y sus dependientes y permitir que los beneficios de TRICARE Prime Travel se desembolsen en los recipientes que vivan en Puerto Rico como si fuera un estado.
El John S. McCain National Defense Authorization Act de 2019 requirió un reporte, como resultado de una enmienda incluida por González-Colón, el cual concluyó que la expansión de TRICARE Prime a Puerto Rico tendría un costo de cerca de $18.5 millones anuales, (según lo apropiado para el año fiscal 2019).
La quinta legislación presentada, Puerto Rico Data Collection Equality Act, es para que se incluya a la Isla bajo programas de estadísticas federales, de los cuales actualmente está excluida, y así asegurar que se atiendan mejor las necesidades de los residentes de Puerto Rico. Específicamente, la medida requiere que el Concilio Interagencial de Política Estadística de los Estados Unidos (ICSP, por sus siglas en inglés) implemente un plan de recolección y publicación de estadísticas federales para Puerto Rico al igual que se hace con el resto de los estados.
Sobre esta situación la comisionada residente ha expresado que “el estatus territorial de Puerto Rico permite que se excluya a la isla de varios programas de recopilación de datos. Esta exclusión, obstaculiza los esfuerzos que realizamos de análisis y desarrollo de políticas informadas para que el gobierno federal atienda propiamente las necesidades de nuestra gente. Eso también crea una sensación de que los ciudadanos americanos residiendo en Puerto Rico no cuentan para el Gobierno de los Estados Unidos. Este trato desigual es simplemente inaceptable y debe arreglarse”.
