El Departamento de Justicia (DJ), compareció ante la Comisión de Hacienda para solicitar un presupuesto de $210 millones, lo cual representa un aumento presupuestario de $40.3 millones para el año fiscal 2024-2025. De ese aumento, $173 millones vendrían del Fondo General, y $30 millones de Fondos Federales.
Igualmente, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, reclamó que la partida propuesta para la nómina del próximo año fiscal es de $90.4 millones, provenientes del Fondo General, y que representan $26.8 millones menos que el presupuesto solicitado.
“Dicha reducción afectaría el pago de nómina de las vacantes en nombramientos por ley, la proyección sobre el aumento salarial de fiscales, y el aumento propuesto al plan médico de los funcionarios de la agencia”, lee el memorial explicativo de Emanuelli Hernández.
Además, el presupuesto propuesto para gastos operacionales es de $6 millones menos que el solicitado. El Secretario alertó que esta reducción afectaría tanto el pago de las rentas de varias dependencias del DJ, incluyendo el edificio sede, como la adquisición de equipos solicitados por la Oficina de Informática de la agencia.
Similarmente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) solicitó un aumento presupuestario de $466.1 millones provenientes del Fondo General, cerca de $50 millones más comparado al del año fiscal vigente.
Este aumento fue gestionado, a pesar de que el DCR proyecta un presupuesto balanceado para el año fiscal 2023-2024, con un sobrante de $6 millones. La secretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón, afirmó que ese sobrante está directamente relacionado a las 8 mil plazas vacantes que deben dar de baja.
Del presupuesto solicitado, $247.3 millones se asignarían al pago de nóminas, donde se incluye un posible aumento salarial a los oficiales de custodia, agentes de investigación y arrestos, y agentes de seguridad y protección. El aumento propuesto de $200 mensuales tiene el propósito de aumentar la retención del personal.
Asimismo, el DCR gestionó $24.7 millones por medio de fondos ARPA para cubrir un segundo aumento salarial de $500 mensuales.
Dentro de la solicitud del DCR, destacan $29.4 millones para mejoras permanentes, de los cuales $24.2 millones serían asignados a las instituciones correccionales de confinados adultos, y sobre $5 millones para los Centros de Juveniles.
Por otra parte, la licenciada Bárbara Méndez, vicepresidenta de administración de Physician HMO, solicitó un presupuesto de $66 millones para evitar seguir arrastrando un déficit de fondos para la salud correccional.
CONTROVERSIA SOBRE SEGUIMIENTO A LOS REOS
Ante recientes cuestionamientos sobre las capacidades del DCR, la secretaria Ana Escobar Pabón, declaró que han reclutado 250 evaluadores de riesgo para darle seguimiento directo a los casos de Ley 54 que actualmente requieren brazalete electrónico.
“Ha aumentado la cantidad de confinados en instituciones correccionales. Estábamos en un promedio de 6,700 incluyendo a los confinados federales a cargo del US Marshall, pero ya estamos por 7,300 aproximadamente y eso se ha mantenido en los últimos meses”, expuso Escobar Pabón. “Entendemos que hay más ingresos de casos por Ley 54”, agregó la Secretaria.
Sobre el monitoreo de los 5,200 convictos en programas de desvío, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, mencionó que da la impresión de que “tienen poca gente para manejar tantas cosas”.
“La agencia cuenta en este momento con los técnicos de servicios sociopenales para hacer este trabajo. (Pero es) importante el poder obtener recursos adicionales de técnicos de servicios sociopenales que puedan disminuir la carga de casos de cada uno de los compañeros”, respondió Escobar Pabón.
Por otro lado, se le realizaron preguntas a la Secretaria sobre qué se pudo hacer para evitar el reciente feminicidio ocurrido en Manatí, pero ambas partes determinaron no entrar en detalles para salvaguardar la integridad de una investigación en curso.
