El director del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés), Tom Sanzillo insistió hoy en que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no debe incluir aumentos en la tarifa eléctrica y que hay mejores alternativas a las adoptadas hasta el momento en la reestructuración de la deuda de la AEE.
Las expresiones de Sanzillo, quien tuvo la responsabilidad de supervisar una cartera de bonos estatales y locales de $250 mil millones y el programa de auditoría para todas las autoridades públicas de New York, se dieron en las vistas públicas que continúan en la Cámara de Representantes donde se evalúa el P. de la C. 1429 que establecería la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE.
“La piedra angular de la propuesta de IEEFA es proporcionar una compensación a los tenedores de bonos que sea consistente con las fuerzas del mercado y la realidad financiera de la AEE. Por eso proponemos que los tenedores de bonos reciban cero recuperación o ningún pago por parte de la AEE en el Plan de Ajuste de la Deuda para no imponer nuevos aumentos en la tarifa que serán muy perjudiciales para el país.”
“Esto no significa que los tenedores de bonos no reciban ninguna compensación. Más bien, se crearía un fondo común de compensación a partir de otros activos disponibles fuera de la AEE, como son las compañías de seguros y el grupo de servicios financieros que tienen responsabilidad sobre esta deuda y están en mejor capacidad financiera. Los recursos de la AEE en su plan de ajuste deben ir en apoyar el pago completo de las pensiones y los pequeños inversores a su valor nominal. Insistir en el pago de los bonos con aumentos en tarifa es incorrecto y afectará la capacidad del sistema eléctrico para recuperarse como se necesita.” detalló.
El Director Financiero de IEEFA, organización que examina los mercados, las tendencias y las políticas de energía, señaló que en lugar de insistir en que el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE se base en aumentos de tarifas, se debe poner la mirada en lo que denomina el grupo de “servicios financieros”.
“El núcleo del grupo son los equipos de suscripción que apoyaron las emisiones de bonos de la AEE e incluye ciertas firmas legales, de ingeniería y contables. El grupo de “servicios financieros” tiene activos bajo gestión valorados en trillones de dólares. Ambos pueden absorber pérdidas y estar disponibles para proporcionar efectivo cuando sea necesario para cerrar este asunto. En 2018 se realizó una investigación sobre las emisiones de bonos. El informe levantó numerosas banderas rojas respecto al bajo rendimiento del grupo de “servicios financieros”. Se ha hecho muy poco para abordar las cuestiones señaladas en ese informe”, puntualizó.
Por otro lado, Cathy Kunkel, gerente de programa de energía de CAMBIO insistió además en que la reestructuración de la deuda de AEE no debe conllevar cargos adicionales en la factura.
“Imponer un cargo de este tipo en la tarifa eléctrica por los próximos cincuenta años simplemente es insostenible. La tarifa actualmente supera los 27 centavos por kWh lo cual excede por 40% el nivel de asequibilidad de 20 centavos por kWh establecido por la ley 17 y por la propia JSAF en un plan fiscal anterior de la AEE. Añadirle a esta alta tarifa un cargo para pagar la deuda imposibilita lograr la asequibilidad en la tarifa”, reclamó.
Añadió que el imponer costos adicionales para el pago a bonistas, ante un cuadro claro de disminución de recaudos e ingresos para la AEE (resultado de la merma proyectada en actividad económica y consumo energético por reducción poblacional), aumentará la presión para cortar gastos en otras áreas necesarias para operar el sistema.
“Ya hemos visto cómo los directivos de la AEE en el pasado y LUMA en el presente no han invertido en el mantenimiento necesario del sistema al punto de llevarlo al colapso. Una práctica indeseable que podría resultar de este arreglo de cargos propuesto por al JSAF y los bonitas es que gobierno recurra a subsidiar nuevamente a la AEE para reducir la tarifas, utilizando fondos que podrían utilizarse por otros beneficios públicos. En la práctica esto se convierte en un subsidio para los bonistas. Ya hemos visto esta modalidad recientemente con el uso de otros fondos de gobierno para subvencionar los costos de combustible en el sistema eléctrico el año pasado. Además, el aumento en la tarifa para pagar la deuda tendrá un efecto directo en aumentar los gastos del gobierno, en aumentar el nivel de impago entre la población y las agencias gubernamentales, lo cual también impacta la capacidad de operar adecuadamente el sistema eléctrico”, precisó.
Kunkel recomendó que para que un acuerdo de la deuda resulte en un sistema eléctrico funcional para la isla, tiene que mantenerse dentro de los límites de lo que puede sostener la economía de Puerto Rico.
“Esto implica un nivel de pago significativamente más bajo de lo que están proponiendo los bonistas y la Junta. También tiene que respetar las prioridades del Acuerdo de Fideicomiso original, asegurando así el mantenimiento necesario del sistema y el pago del sistema del retiro tiene prioridad sobre el pago a los bonistas”, resaltó.
