Nueva presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico crea Comisión especial para la evaluación jurídica de los  contratos de LUMA Energy y GeneraPR

Ante la situación que vive el país con la necesidad y urgencia de un servicio de energía eléctrica efectivo, estable y confiable, sumado a la importancia de la información y transparencia en la contratación de las empresas de generación y transmisión de energía, la recién juramentada presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Lcda. Vivian Godineaux Villaronga creó, como su primer proyecto, la Comisión Especial para la Evaluación Jurídica de los contratos de LUMA Energy y GeneraPR.

Un equipo de abogados y abogadas con amplia experiencia en las áreas de

obligaciones y contratos tendrá la encomienda de analizar ambos contratos desde la perspectiva de la protección de los intereses de la ciudadanía y sus derechos como consumidores, procurar que los servicios sean de excelencia, lograr la estabilidad de la red eléctrica, y garantizar que los contratos se hayan otorgado y se ejecuten de acuerdo a la ley y en total transparencia. La Comisión deberá formular, además, posibles propuestas para mejorar la política pública en el área de la energía eléctrica.

La evaluación jurídica que llevará a cabo esta comisión no solo proporcionará claridad sobre el marco legal y la viabilidad de los contratos con LUMA Energy y

GeneraPR, sino que podrá servir como base para cualquier acción futura que se deba tomar en defensa del bien común. “Es nuestra responsabilidad, como Colegio, velar que los recursos y servicios esenciales al pueblo sean administrados de manera justa, eficiente y conforme a los estándares legales”, mencionó la licenciada Godineaux.

La Comisión está integrada por la Lcda. Margarita E. García Cárdenas, Lcda. María T. Alicea Pierantoni, Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, Lcda. Zoé C. Negrón Comas, Lcdo. Fernando Agrait Betancourt, Lcdo. Alejandro Torres Rivera, Lcdo. Luis R. Santini Gaudier, y el Lcdo. Julio E. Fontanet Maldonado.

La Comisión deberá entregar un informe inicial donde, desde el ángulo jurídico, evalúe rigurosamente las posibles acciones que tiene el pueblo y el gobierno para reclamar judicialmente por la deficiencia en los servicios prestados de generación y distribución de energía, según contratados, incluyendo las consecuencias legales y de solicitar la cancelación de dichos contratos.

“Instamos a otros colegios profesionales hermanos a que, desde sus áreas de especialidad, desarrollen iniciativas dirigidas a asegurar que nuestro pueblo tenga servicios esenciales de calidad que permitan una vida digna”, culminó exhortando la abogada.