“La violencia de género debe ser un asunto prioritario en la agenda del gobierno central. Carecer de un nombramiento oficial en el puesto de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres retrasa la agenda de trabajo que tiene como fin, entre otros, preservar vidas”. Estas fueron las expresiones de la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez quien urgió al gobernador a nombrar una persona en propiedad para el puesto.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tiene la responsabilidad de fortalecer y hacer cumplir las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres. De igual forma tiene la encomienda de promover la equidad, eliminar todas las manifestaciones de discrimen y violencia hacia las mujeres, entre otros.
“Es imperativo, necesario y urgente que el gobernador nombre una persona para ocupar el puesto de Procuradora de las Mujeres. Esto es imprescindible para adelantar una agenda de trabajo que ponga en marcha mecanismos para minimizar y erradicar la violencia de género. La incertidumbre de quién es el responsable de asumir esta oficina ofrece la impresión de que no es una prioridad para el gobierno”, denunció Rosa. “Hace dos meses renunció la procuradora de las mujeres y el puesto es ocupado de forma interina, mientras diariamente los medios de comunicación reseñan noticias donde mujeres víctimas de violencia son asesinadas, entre otros”.
Datos estadísticos reflejan que la Policía reportó 2,786 incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico de enero a junio de 2022. Esto representa alrededor de cuatro veces más que las estadísticas de violencia doméstica correspondientes al mismo periodo durante el 2021. Fue ese mismo año (2021) que el gobernador Pierluisi decretó un Estado de Emergencia ante un aumento en las muertes asociadas a la violencia de género. “A pesar del decreto implementado por el gobernador el país es testigo de la cantidad de asesinatos y de víctimas de este tipo de violencia. Tanto así, que el gobernador extendió el decreto hasta el 2023. Sin embargo, la carencia de una procuradora en propiedad pone en entredicho si las políticas públicas y las acciones del gobierno para erradicar la violencia son cónsonas. De nada vale extender un decreto si la figura principal para garantizar el cumplimiento de las medidas y política públicas está vacante”, reclamó Rosa.
La renuncia de la exprocuradora, Lersy Boria, fue efectiva el pasado 5 de agosto. Desde entonces Madeline Bermúdez ocupa el cargo de forma interina.
