Un examen realizado por la Oficina del Inspector General (OIG), al Fideicomiso de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA), reveló que se realizaron pagos ascendentes a más de $100 mil por contratos de servicios profesionales en violación a los requisitos de contratación gubernamental, Código de Rentas Internas y otros estatutos vigentes del Gobierno de Puerto Rico.
De igual forma, se encontraron varias deficiencias en controles internos y posibles irregularidades que pudieran representar aproximadamente a $1,289,500 en costos cuestionables.
De agosto a diciembre de 2018, FIGNA emitió pagos por $107,250 durante un periodo en que no había un contrato escrito entre las partes y previo a recibir los servicios por parte del contratista.
Como parte de las compensaciones establecidas en un contrato formalizado el 20 de diciembre de 2018, se acordó que FIGNA desembolsaría $20,000, en reconocimiento y para pagar la deuda por servicios rendidos. Esto en contravención a la Ley Núm. 237-2004, en la cual claramente se establece que todo contrato debe ser prospectivo, formalizarse por escrito, indicar de forma precisa y detallada cuáles son los servicios u obligaciones que se requieren, establecer la cuantía máxima a pagarse, la fecha de otorgamiento, la vigencia y que se paga solo por servicios rendidos.
Por otra parte, al 21 de octubre de 2020, no se había informado al Departamento de Hacienda, para fines contributivos, los pagos por $347,530 efectuados a un contratista que prestó servicios relacionados a los sistemas de información durante el año 2019. Para dicho propósito se utiliza la Declaración Informativa de los Ingresos Sujetos a Retención, Forma 480.6B. La directora de finanzas y presupuesto de FIGNA informó, que no se preparó el formulario de declaración informativa, debido a un error involuntario. A la fecha de redacción del informe final no se había corregido dicha situación, por lo que la OIG procedió a notificar al Departamento de Hacienda.
Según la evaluación realizada a las retenciones realizadas a los pagos de 84 facturas sometidas por los contratistas, reveló que en 100% (84 casos) de los pagos examinados por $696,732, se observó que no se retuvo la aportación especial (1.5%). Esto representó $10,451 que no fueron retenidos y transferidos al Fondo General. En otros 19 casos de pagos realizados por $408,280, no se retuvo contribución sobre ingresos, según establecido en el Código de Rentas Internas. La cantidad no retenida totalizó $40,828.
El examen de la OIG cubrió el periodo de 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Se evaluó una muestra de 10 contratos y una enmienda que extendía los términos de uno de ellos. La OIG realizó referidos al Departamento de Justicia, Oficina de Ética Gubernamental, Departamento de Hacienda, como resultado de los hallazgos.
El informe completo esta publicado en la página electrónica www.oig.pr.gov. De tener información sobre irregularidades en el uso de fondos públicos, puede comunicarse a la línea confidencial de la OIG, 787-679-7979, o a través del correo electrónico a informa@oig.pr.gov.
