La directora del Sierra Club de Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, levantó la voz de alarma tras la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto del Senado 81, legislación que le quita facultades al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ignorando las recomendaciones técnicas de la agencia e impone un sistema que favorece la aprobación automática de proyectos sin el debido análisis.
“Este proyecto representa un retroceso alarmante en la protección de nuestros recursos naturales y no es un hecho aislado ya que forma parte de un patrón sistemático de desmantelamiento de las instituciones que deben protegerlos”, denunció Vázquez. “Primero, con la Ley de Reorganización, el gobierno agrupó bajo una sola sombrilla al DRNA, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales, diluyendo la fiscalización independiente de cada entidad. Luego, federalizaron sus presupuestos, restringiendo aún más su autonomía operativa. Ahora, quieren imponer que, si estas agencias no emiten una recomendación en 15 a 45 días, se entenderá que no tienen objeciones. Esto no solo es irresponsable, es una estrategia para allanar el camino a proyectos que podrían causar daño ambiental sin una evaluación técnica rigurosa”, precisó.
Vázquez detalló que la medida desarma las agencias encargadas de proteger el ambiente al imponer un modelo de permisología express que pone en jaque la capacidad del Estado para evaluar de manera responsable los impactos de los proyectos sobre zonas ecológicamente sensibles porque no todas las agencias cuentan con los recursos técnicos, humanos y presupuestarios para evaluar adecuadamente proyectos complejos en tan poco tiempo.
“Estamos hablando de permitir que el silencio administrativo se interprete como una aprobación automática, lo que abriría la puerta a proyectos potencialmente destructivos que no han sido evaluados de manera adecuada. Esto debilita seriamente el papel fiscalizador del DRNA y otras agencias ambientales, convirtiéndolas en algo casi irrelevante, como consultores sin poder real”, advirtió.
La directora del Sierra Club señaló que uno de los elementos más alarmantes del proyecto, es que las recomendaciones de las agencias no serán vinculantes. Lo que significa que podrían ser ignorados, aunque se identifiquen riesgos ambientales significativos.
Señaló, además, que el proyecto propone que su contenido tenga supremacía sobre cualquier otra ley o reglamento en conflicto disponiendo que dichas recomendaciones no serán vinculantes y que la decisión final sobre un permiso deberá basarse en la totalidad del expediente administrativo.
“Esto es peligrosísimo. Esta legislación limita grandemente la aplicación de las normativas ambientales que actualmente nos protegen en Puerto Rico y pone en entredicho el derecho constitucional a un ambiente limpio y saludable. Lo que necesitamos no es apurar los permisos a toda costa, sino fortalecer nuestras agencias ambientales, dotarlas de los recursos que necesitan, y garantizar que cualquier desarrollo se haga bajo las salvaguardas ambientales que tanto nos ha costado construir”, subrayó.
Para el líder ambiental, este tipo de legislación también limita la participación ciudadana, ya que al acortar los plazos de evaluación y obviar las recomendaciones de las agencias especializadas crea un entorno donde las comunidades pierden tiempo y espacio para intervenir.
“Cuando se acelera el proceso de permisos, también se limita la posibilidad de que las personas afectadas, como residentes, agricultores, pescadores, organizaciones comunitarias o científicas, puedan informarse, reaccionar y oponerse a proyectos que amenazan sus entornos de vida. Se corre el riesgo de que los permisos se otorguen sin vistas públicas, sin procesos participativos, y sin transparencia”, señaló.
“Lo que se está promoviendo bajo el pretexto de agilizar la economía es un modelo de permisología express, donde el desarrollo económico se antepone al derecho constitucional de proteger nuestros recursos naturales. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir que sea un desarrollo sostenible y responsable. En un país que enfrenta una crisis ambiental y energética profunda, necesitamos más fiscalización, más participación y más tiempo para deliberar, no menos”, concluyó.
