Durante una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron las continuas violaciones de la Policía en contra de las comunidades extranjeras, en este caso la dominicana. Mientras el Departamento de Seguridad Pública (DSP) defendió su gestión a través de la Reforma de la Uniformada y los constantes adiestramientos al personal sobre intervenciones con la ciudadanía.
“Me pareció muy buena [la vista pública] porque se sacó información de lo que es la preocupación de nuestra comisión y, es que las investigaciones que se están haciendo ante denuncias de abuso policíaco, que es la razón por la cual la Policía de Puerto Rico está en una Reforma, no está dando el resultado esperado. Creemos que lo que salió a la luz pública aquí es que hace falta una reforma mucho más profunda. Las propuestas que salieron aquí son sobre una reforma más profunda y transparente y que tenga realmente participación de la ciudadanía como se hace en otras partes del mundo. Estoy muy satisfecha con lo que salió. Las personas en Puerto Rico, incluyendo las migrantes, que son parte de la comunidad, sientan que sus derechos tienen que ser protegidos y garantizados”, destacó Rivera Lassén.
La vista pública realizada en torno a la Resolución del Senado 209 está relacionada con la situación de la comunidad dominicana en Puerto Rico y las disposiciones en la Reforma de la Policía. Igualmente, sobre el trato de inmigrantes, el adiestramiento que reciben los policías, sobre la oficina de asuntos de la comunidad y tramitación de querellas en casos de violencia doméstica por parte de policías a sus parejas, entre otros asuntos relacionados.
Por parte del DSP, participó como deponente la licenciada Omara Arias, quien expresó que “el andamiaje de política pública y operacional del DSP/NPPR a favor de la protección de los derechos civiles de las personas extranjeras, incluyendo, pero sin limitarse a la comunidad, ha sido vastamente reforzada. Esto con la puesta en vigor de reglamentación aprobada bajo las mejores prácticas policiacas existentes, según lo requerido por la Reforma de la Policía”.
La senadora Rivera Lassén preguntó cada cuánto tiempo tienen reunión para medir los acuerdos de la Reforma de la Policía. Arias respondió que “internamente en el Negociado de la Policía hay reuniones…está en un proceso constante…cumple con las once áreas de cumplimiento. Todo el personal civil y operacional ha sido adiestrado y hay una supervisión constante”.
Asimismo, la legisladora solicitó detalles sobre los cursos que ofrecen, con cuánta frecuencia, quiénes los otorgan y si ofrecen educación continuada. El agente Heriberto Díaz del Área de Adiestramiento del DSP respondió que sí se ofrecen adiestramientos por parte de personal preparado; que haya tenido experiencia en la calle con intervenciones. Explicó que anualmente se ofrecen cursos de educación continuada de manera virtual y presencial.
En su turno, Fermín Arraiza, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles Capítulo de Puerto Rico (ACLU) no estuvo de acuerdo con lo planteado sobre el tema de adiestramientos. “No cumplen con el entrenamiento porque no tienen las herramientas, la métrica para evaluarlo”, afirmó Arraiza. Igualmente, indicó que “lo que hemos podido presenciar en la práctica en manifestaciones de libertad de expresión, la Policía ha estado invirtiendo en mayor equipo, pero lejos de ser una policía comunitaria. Se ha evadido la Reforma”.
“Según se desprende de los seis informes presentados por el Monitor Federal, a pesar de que la etapa de cumplimiento de la Reforma comenzó en octubre del 2018, lo único que se ha logrado satisfactoriamente es la creación de los protocolos u órdenes para establecer la conducta esperada de parte de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, los objetivos de entrenamiento, supervisión y capacitación no se han logrado o no se han cumplido satisfactoriamente, a base de las métricas diseñadas para estos efectos”, añadió Arraiza.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón preguntó quién es la persona encargada de garantizar los asuntos planteados que puedan afectar a las comunidades inmigrantes. Arias respondió que, basándose en el sistema de la Policía, es el comisionado el encargado. Explicó que de ahí surgen divisiones de la policía como la oficina de la Reforma de la Policía mediante su director y monitor.
En su turno, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, preguntó cuál es el procedimiento y recursos que tiene una persona extranjera, sin importar su estatus migratorio, que sienta que sus derechos han sido violados. Arias explicó que los miembros de la uniformada se deben regir por la Orden 626 sobre intervención con personas extranjeras. Asimismo, expresó que tienen todo su derecho de denunciar algún comportamiento.
Durante la vista pública, José Rodríguez del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, expresó ante la Comisión que “la situación actual de la comunidad dominicana, la persecución se ha refinado respecto a años anteriores, los policías vuelven a fungir como agentes migratorios del ICE”. Asimismo, criticó la falta de implantación de la Reforma de la Uniformada. “La Reforma tiene el potencial de arreglar mucho en la Policía; sin embargo, los problemas de liderazgo, supervisión y politización son tan profundos que conllevaría una generación totalmente nueva para ser exitoso”, abundó Rodríguez.
En la misma línea se expresó Mari Mari Narváez de la organización Kilómetro Cero. “La Policía de Puerto Rico ha demostrado, que ni siquiera bajo Reforma, es capaz de intervenir legal y adecuadamente con la ciudadanía, especialmente con los grupos más vulnerables. Sus esfuerzos deben concentrarse en las investigaciones criminales y esclarecimiento de casos y debe reducirse sus intervenciones con la ciudadanía”. Además, recomendó diversos cursos de acciones a seguir como el establecer un cuerpo de supervisión civil de la Policía; crear una fiscalía especializada en delitos de agentes de seguridad pública; y eliminar la Unidad de Operaciones Tácticas del Negociado de la Policía o plantear con datos si los costos justifican sus acciones.
