El exsenador y actual aspirante al senado por acumulación por el Partido Popular Democrático, Carlos Díaz Sánchez, emplazó a los secretarios de los departamentos de Hacienda y Justicia, Nelson Pérez Méndez y Domingo Emmanuelli, respectivamente, a tomar medidas decisivas contra el corrupto, convicto y evasor contributivo estatal, Oscar Javier Santamaría Torres.
Santamaría Torres ha sido señalado por no cumplir con sus obligaciones contributivas, dejando de pagar contribuciones sobre ingresos y enriquecimiento personal por cerca de 2 millones de dólares, los cuales fueron generados en efectivo a través de la empresa VIP HEALTHCARE SOLUTIONS. Estos fondos ilícitos fueron utilizados para el pago de sobornos a alcaldes, permitiéndole obtener contratos ilegales que totalizaron cerca de 300 millones de dólares, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico.
Uno de los esquemas de corrupción revelados involucra pagos en efectivo realizados por la presidenta y tesorera de la empresa administradora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de Cataño, bajo la dirección de Félix “El Cano” Delgado. Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres, pagaban a Santamaría la suma de $30,000 dólares mensuales en efectivo, dinero que era utilizado para sobornar a alcaldes de varios municipios con el fin de obtener contratos de manera ilegal.
VIP HEALTHCARE SOLUTIONS, INC., fue creada por Santamaría Torres según lo revelado por la Fiscalía federal en la denuncia criminal y acuerdo de culpabilidad por Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres, ambas empleadas del convicto en su firma Law Affairs antes de la creación de la corporación de salud en 2017, fueron testigos de su participación en actividades ilegales.
Las autoridades federales han expuesto varios esquemas mediante los cuales el empresario convicto se enriqueció personalmente, ofreciendo sobornos a alcaldes a cambio de contratos.
Tras declararse culpable, Santamaría Torres confirmó haber obtenido “ganancias” de la empresa por cerca de $1,800,000. Además, facilitó contratos del municipio de Cataño con VIP HEALTHCARE SOLUTIONS por un valor de $9 millones entre 2017 y 2022, con una suma mensual de aproximadamente $189,000, de los cuales el contratista convicto se apropiaba de $30,000 “por no hacer nada”, según declararon las convictas al Departamento de Justicia Federal.
“Qué han hecho los secretarios de Hacienda y Justicia para recobrar el dinero que le correspondía pagar a Santamaría. Los emplazo a tomar acciones legales contra otras corporaciones pertenecientes al convicto, como Saint Mary Investment, Fresh Cookies PR, Corp., Waste Collection, Waste Management y Queen Management, LLC, entre otras.
Este llamado a la acción y cumplimiento de la responsabilidad fiduciaria de los secretarios es crucial para combatir la corrupción y asegurar que aquellos que se benefician ilegalmente a expensas del pueblo puertorriqueño rindan cuentas ante la ley. No podemos seguir enviando el mensaje de que ser corrupto, evasor contrivutivo o malversador de los fondos públicos paga”, expresó Díaz Sánchez.
