El Programa de Solidaridad Utier (ProSol) denunció el marcado desinterés de la gobernadora Jenniffer González Colón en exigirle a la Junta de Control Fiscal (JCF) que ponga en vigor los convenios colectivos de la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) y el de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que fueron debidamente negociados y firmados en diciembre de 2023, y octubre de 2024 respectivamente.
Ambos convenios fueron acordados bajo los planes fiscales y dentro de los presupuestos aprobados de cada una de las agencias y oficinas, por lo que, según denunciaron los líderes sindicales, no existe justificación administrativa ni fiscal para que la Junta continúe bloqueando su implementación.
“Estos dos convenios se negociaron considerando el plan fiscal y el presupuesto que cada agencia contemplaba. No hay razón para que, casi dos años después, siguen sin implementarse. Se nota el desinterés de la Gobernadora en hacerle justicia laboral a estos empleados públicos que llevan más de 12 años sin aumento salarial”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, Coordinador de ProSol Utier.
Desde la aprobación de estos convenios colectivos, ProSol UTIER, ha sometido múltiples comunicaciones formales solicitando que se pongan en vigor los acuerdos que harían justicia laboral y económica a más de 300 empleados de ambas dependencias gubernamentales.
“La gobernadora tiene la responsabilidad y la autoridad política para presionar a la Junta de Control Fiscal y hacer valer los convenios colectivos, tal como ha ocurrido en otros casos cuando existe un interés real del Ejecutivo. Cuando el Gobierno quiere que un contrato se respete, encuentra la manera de que la Junta lo valide. Aquí lo que hay es falta de voluntad política para defender a los trabajadores”, expresó por su parte Felicita Sepulveda, presidenta del Capítulo de ProSol de la Oficina del Procurador del Veterano.
Por su parte, Carlos Reyes, presidente interino del Capítulo de ProSol de la Autoridad de Carreteras cuestionó el discurso previo de la Gobernadora, quien durante la pasada administración criticaba al exgobernador Pedro Pierluisi por supuestamente no hacer lo suficiente frente a la Junta de Control Fiscal.
“Jenniffer González decía que Pedro Pierluisi no hacía nada. Hoy el país ve que ella hace menos. Ni siquiera ha levantado la voz para exigir que se respeten convenios colectivos firmados y válidos. Reiteramos nuestro llamado a la gobernadora de asumir su rol, defender los derechos adquiridos de los trabajadores y exigir a la Junta de Control Fiscal que cumpla con acuerdos que ya son ley entre las partes y que impactan directamente la estabilidad económica y laboral de cientos de familias puertorriqueñas”, reiteró.
Por otro lado, Figueroa Jaramillo señaló que además de los convenios que no se han puesto en vigor, hay agencias, como la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, anteriormente, Comunidades Especiales en las que el proceso de negociación no ha comenzado en clara violación a las leyes laborales.
“No solo están los dos convenios que no ponen en vigor, tenemos también el caso en la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario en donde la administración ni siquiera han querido ni sentarse a negociar. Con esta acción la agencia se aleja de lo que promulgan de construir un Puerto Rico próspero desde sus comunidades eliminando la vulnerabilidad y la marginación para lograr una sociedad justa, pues al parecer no le interesa el bienestar de sus trabajadores”, detalló.
El líder sindical reiteró que la Gobernadora tiene la potestad de hacer que los jefes de agencia hagan valer la ley y se sienten a negociar.
“Sabemos que la Gobernadora con una sola gestión puede hacer que esta negociación comience y que se hagan valer los otros dos convenios que la Junta tiene paralizados. Es cuestión de voluntad. Le hacemos el llamado nuevamente a que haga algo por los trabajadores, pues al fin y al cabo ella es quien gobierna el país”, enfatizó.
Los líderes sindicales reiteraron que frente a los reclamos no solamente están realizando la denuncia sino, señalaron que serán creativos en la lucha para que se respete lo acordado y se sienten a negociar de buena fe en el caso de ODSEC.
