En busca de garantizar servicios médicos de libre selección y accesibles, a los empleados jubilados del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Comisión de Salud que preside el senador Rubén Soto Rivera llevó a cabo una segunda vista pública para indagar sobre los beneficios de salud que le brinda la institución a esta comunidad.
“Como mencioné en la vista pública anterior, como presidente de la Comisión de Salud, acogeré, apoyaré y respaldaré toda medida que promueva el acceso a los servicios de salud que responda a las necesidades particulares de nuestra población y que garanticen su calidad de vida. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, es por esto, que el libre acceso a los servicios de salud es fundamental y se debe permitir que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios que respondan a sus condiciones médicas particulares y que los mismos sean de calidad”, expresó Soto Rivera.
La audiencia responde al Proyecto del Senado 646 que busca enmendar la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, a los fines de establecer que las organizaciones bona fide que representan pensionados del Gobierno de Puerto Rico, podrán negociar los beneficios de planes de servicios de salud de manera autónoma y ajena a los procesos de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, incluir a los empleados de la Universidad de Puerto Rico como beneficiarios de la misma, y para otros fines relacionados.
Para ello la Comisión citó a deponer a la presidenta interina de la UPR, la Dra. Mayra Olavarría, quien durante su alocución destacó que la Universidad no avala ni endosa el proyecto.
“Aun cuando podemos reconocer la intención del legislador en la radicación de esta pieza y el objetivo loable para beneficiar al segmento de los jubilados de nuestro primer centro docente del país, el 30 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó la Certificación Núm. 46 (2018-2019); enmendando la Certificación Núm. 23 (2013-2014). La Certificación Núm. 23 establecía que la aportación de $125 se utilizará para pagar la prima correspondiente al plan médico ofrecido por la aseguradora seleccionada por el Sistema de Retiro de la UPR, de conformidad y siguiendo los estrictos procedimientos establecidos en la Certificación Núm. 24 (2007-2008) para optimizar la aportación que hace la Universidad de Puerto Rico”, explicó la Presidenta Interina.
Añadió, además, que la pieza legislativa “supone imposiciones administrativas colaterales y trastoca la salud financiera del plan médico auspiciado institucionalmente. Ello así, porque el riesgo que supone la demografía del grupo jubilado se diluye en un universo mayor de aseguradoras. Éste es un principio fundamental de manejo de riesgo, dado el factor reconocido de selección adversa y maximización de ingresos”.
Ante lo expuesto por la Dra. Olavarría, el senador Soto Rivera le preguntó cuál es el número, “en dólares y centavos”, o los datos de cómo están afectadas las “arcas” de la UPR. A lo que la funcionaria respondió que “no tengo el dato exacto en este momento”.
Soto Rivera, sorprendido por la respuesta expresó que “decir para récord que [un plan de libre selección] afectan las arcas de la Universidad y no darnos los datos, [cuando] esta vista pública es para eso, yo creo que es una falta de respeto a esta Comisión”.
Seguidamente, Olavarría aclaró que “cuando hablé de las arcas de la Universidad, quizás usé una expresión no apropiada. Me refiero en el sentido, de que si hablamos de un plan único que lo decide un comité, como dije, nos da mejor oportunidad de negociar mejores beneficios para los que tengan ese plan”.
Por otro lado, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, antes de comenzar su turno de preguntas, destacó que hay un universo de personas alegando que lo que negocia la UPR no cubre sus necesidades de una forma adecuada por lo que deciden salirse de esa cubierta. “La situación que tenemos aquí como legisladores y legisladoras, es si podemos dejar que la gente se vaya y negocie un mejor plan médico, de acuerdo con sus necesidades o en el universo de los fondos de la UPR, para no causarle el daño en su salud financiera, no se le permite salir”, detalló Rivera Lassén.
Acto seguido, Rivera Lassén preguntó cuánto paga la UPR por los planes médicos. A lo que el licenciado Carlos Marrero Miranda, quien acompañó a la Presidenta Interina, dijo que “actualmente el plan médico de los activos está para, un aproximado de 8 mil contratos que recogen algunas 20 mil vidas, y se paga 58 millones de dólares. El de los jubilados, que se le da la aportación fija de $125 mensual, está aproximado en algunos $12 millones de dólares y no entra en el primer número que le di. Se negocia el plan de los activos aparate de los jubilados”.
Ya finalizando la audiencia el senador Rubén Soto instruyó a la Comisión citar otra vista pública para que se cite nuevamente a la presidenta interina de la UPR, la Dra. Mayra Olavarría, para que entregue por escrito las preguntas que quedaron sin responder. Entre las preguntas que quedaron sin respuesta fueron ¿Si la Certificación 46-2018 tiene alguna ilegalidad o incompatibilidad con este Proyecto de Ley? ¿Si la Resolución 46 2018-2019 afectó las arcas de la UPR? y ¿Qué personas o el equipo que trabajó la negociación, quiénes son y si hubo una firma externa?
