Un grupo de docentes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) advirtió este lunes que si la Isla no transiciona hacia un sistema de generación solar y energía renovable el costo que pagarán los puertorriqueños dentro de una década será gastos en exceso por $15,785 millones.
Así lo expusieron en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por Luis Raúl Torres Cruz, para discutir la necesidad de una transformación energética en Puerto Rico según estipulado en la política pública del gobierno.
“El costo de no hacer nada es enorme”, expresó en su carácter personal el economista José Alameda Lozada, catedrático del Departamento de Economía del RUM y quien junto a sus colegas destacó la urgencia de atender la injusticia energética en Puerto Rico.
Comparecieron también en su carácter individual los profesores Agustín Irizarry y Lionel Orama, ambos catedráticos de ingeniería eléctrica en el RUM; el profesor Marcel Castro Sitiriche; y el profesor Eduardo Lugo Hernández, doctor en psicología y catedrático asociado en el RUM.
“Es obvio que nosotros tenemos que movernos críticamente hacia un sistema estable, resiliente… Tenemos que ir moviéndonos, en efecto, con un plan integral hacia esos fines”, subrayó Alameda Lozada.
Una presentación ofrecida por el economista detalló que para el 2032 cada familia pagaría al año un promedio de $1,425 en la tarifa eléctrica, lo que equivale a un aproximado de $120 por mes. Estas proyecciones muestran que el nuevo costo umbral del kilovatio hora (kWh), considerado el valor del costo que hace que el crecimiento económico de un país se convierta en negativo, es de 16 centavos kWh.
Para el profesor universitario, establecer un costo umbral por debajo de 16 centavos kWh capitalizaría la economía de Puerto Rico a observar crecimientos positivos. El efecto contrario ocurriría con un costo umbral por encima de los 16 centavos kWh. Actualmente, la tarifa eléctrica alcanza un costo de 32 centavos kWh, de acuerdo con Alameda Lozada.
Mientras, el profesor Irizarry puntualizó en su ponencia que el Estudio de Integración de Recursos Solar Distribuido en Puerto Rico, publicado en el 2021 por la organización Cambio en colaboración con el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), confirma que la isla tiene alternativas energéticas viables y costo efectivas.
Entre las conclusiones principales de la investigación se encuentra que equipar el 100% de los hogares con energía solar fotovoltaica en techos y respaldo de batería puede proporcionar 200 megavatios de potencia a la red de Puerto Rico, que se complementa con energía solar en comercios para alcanzar el 75%. En 15 años, las condiciones de resiliencia de la isla podrían cambiar “dramáticamente”, según los resultados del análisis que modela la propuesta Queremos Sol, impulsada por Cambio, al 2035.
Bajo el escenario de 75%, la gran mayoría de las plantas de generación actuales de la AEE no se utilizarían, incluida la planta de carbón AES. Esta planta podría cesar operaciones en los próximos cuatro años, establece la propuesta de Queremos Sol.
Además, este escenario reduciría los costos de combustibles fósiles importados por $600 millones anuales; reduciría en un 70% las emisiones de dióxido de carbono (CO2); y permitiría utilizar $9,650 millones en fondos federales para lograr el escenario de 75%.
Los profesores universitarios, por otro lado, manifestaron su rechazo al contrato del consorcio LUMA Energy y propusieron incorporar una corporación pública para manejar la red eléctrica que excluya a la empresa que maneja el sistema de transmisión y distribución eléctrica en la isla.
Según los educadores, LUMA Energy no pudiera sumarse a un esfuerzo masivo de energía solar porque “ellos no creen en la apuesta de una energía distribuida”.
“Esto no es una alianza público-privada. Esto es un mal contrato”, indicó Irizarry. “En una alianza público-privada hay dos cosas: trae capital y comparte el riesgo. Esta empresa (LUMA Energy) no trae capital y tampoco comparte el riesgo”.
Detonante en la salud mental
Por su parte, el profesor Lugo Hernández señaló en su memorial que existe una robusta evidencia acerca de las consecuencias en la salud mental de los ciudadanos como resultado de la injusticia energética.
El doctor en psicología destacó que los apagones frecuentes y la duración de los mismos en Puerto Rico tiene un “efecto adverso” en la salud mental de las personas, especialmente, en las poblaciones más vulnerables: personas que viven en pobreza, envejecientes y personas que viven en áreas rurales.
Además, informó que se ha observado un aumento significativo en los problemas de salud mental de la niñez. “La injusticia energética redunda en reducción de la calidad de vida de la gente y se convierte en un determinante social de la salud crítico para su sobrevivencia”, expresó.
Previo a la audiencia pública, el representante Torres Cruz informó que el grupo de docentes sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, en la cual se establecieron unos acuerdos y compromisos para atender sus propuestas de transformación energética.
“Esto es muy importante porque, ante las experiencias que está viviendo el pueblo de Puerto Rico con el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica; con el sistema de generación en nuestro país, hay también una política pública establecida por el gobierno para que nos movamos a la generación de energía a través de fuentes renovables”, dijo Torres Cruz.
